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La Procuraduría General de la República (PGR) ha impulsado acciones, ante el ingreso masivo de productos sin registro sanitario. Es que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) viene otorgando medidas cautelares a firmas poco o nada conocidas, para que eso sea posible (varias de ellas serían de maletín, según denuncias de gremios empresariales).
El procurador general, Marco Aurelio González, informó a este diario que la PGR ha pedido intervención en todos esos procesos, en los que las empresas impulsan acciones de inconstitucionalidad contra el Código Sanitario y normas afines, alegando un supuesto cercenamiento de su libre competencia. Y al mismo tiempo, solicitan, con éxito, que la Corte les otorgue medidas cautelares para poder importar las mercaderías “puenteando” los controles y licencias correspondientes, mientras se analiza la cuestión de fondo.
La PGR, además, ha solicitado el levantamiento de todas esas medidas cautelares, que se otorgaron a la firma L.A. Bussines, cuya dirección física y propietarios se desconocen, y a otras, así como el rechazo de las acciones de inconstitucionalidad.
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De acuerdo con lo indicado, también se reunió con los miembros de la Sala Constitucional “para exponer la gravedad del caso”, junto con la ministra de Salud, María Teresa Barán; el ministro de Industria y Comercio, Javier González; y los directores de Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA).
Es que “con las medidas de la Corte, se genera desigualdad y se pone en riesgo la salud de los paraguayos”, lamentó el procurador.
De cosméticos a alimentos y bebidas
Las firmas en cuestión primeramente consiguieron vía permisos de la Corte ingresar domisanitarios, cosméticos y perfumes sin las licencias correspondientes. Pero ante el éxito del “modus operandi”, ahora también lograron meter alimentos y bebidas.
Por eso, recientemente el INAN sacó de góndolas de Fortis Mayorista cientos de paquetes de snacks y bebidas energizantes por no tener registro sanitario. La venta de estos productos en esas condiciones fue denunciada por la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y otros gremios, que repudian las medidas de la CSJ y le solicitan desestimar todos los pedidos.
La Procuraduría señaló los principales perjuicios para el Estado como consecuencia de esas medidas de la CSJ. “El Estado no puede revisar el estado de esos bienes, no puede imponerles sanciones a esas empresas, además del riesgo sanitario para la población”, dijo González a ABC.
Sin embargo, hasta ahora esta institución que tiene como rol defender los intereses del Estado no ha recibido respuesta de la máxima autoridad del Poder Judicial.
La respuesta de Fortis
L.A. Bussines proveyó a Fortis los productos ingresados sin registro sanitario, según corroboró INAN. Pero al respecto, uno de los directivos de dicha cadena, Felipe Cogorno, dijo: “Los productos adquiridos por Fortis son totalmente con factura y tienen registro de Inam. Si eventuales proveedores adquiren sin registro de Inam es por decisión de la corte para garantir el libre mercado y que no usen las instituciones para el monopolio” (sic).