ANDE: Gobierno busca revitalizar al sector metalúrgico comprando torres nacionales

El presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Ing. Félix Sosa, manifestó su apoyo a la reciente medida del Gobierno que obliga a la institución a su cargo a priorizar productos de la industria nacional en sus licitaciones para ejecutar proyectos estratégicos relacionados con la infraestructura energética.

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La ANDE esta obligada a adquirir torres de transmisión de fabricación nacional por el Decreto N.º 2522/2024 del gobierno del presidente, Santiago Peña, instrumento con el cual pretende fomentar la industria metalúrgica local, potenciando su participación en los proyectos de gran envergadura que la empresa eléctrica realiza para mejorar y expandir la red de transmisión eléctrica del país, según señaló el presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, al ser consultado sobre el tema.

En línea con declaraciones previas del ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, quien enfatizó la importancia de una “transición energética justa”, el Ing. Sosa destacó que el decreto busca “revitalizar al sector metalúrgico” y consolidarlo como un pilar del crecimiento económico y social de Paraguay.

Según el presidente de la ANDE, la medida está en sintonía con el compromiso del gobierno de promover la industrialización local para reducir la dependencia de productos importados y generar empleos a través de la contratación de empresas paraguayas en licitaciones públicas nacionales e internacionales.

Nuevas licitaciones para torres y subestaciones nacionales

La ANDE, por consiguiente, ya trabaja en la implementación del decreto en dos licitaciones que incorporarán este requisito. Entre los proyectos más importantes, el Ing. Sosa detalló el lanzamiento inminente de la licitación LEASING LPI 1816 “Proyecto de Ampliación de la SE Villa Hayes - Suministro e Instalación del Montaje del 4.º Banco de Transformadores de 500/220 KVA-600 MVA” y el LEASING LPI N.º 1817/2024 “Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Carmelo Peralta”, que incluyen la instalación de bancos de transformadores y la construcción de líneas de transmisión de gran capacidad. Estas obras incluyen la provisión de torres de transmisión fabricadas localmente.

Pese al respaldo gubernamental, el presidente de la ANDE reconoció que el financiamiento multilateral presenta desafíos. Según el ministro Giménez, las reglas de adquisición de algunos bancos multilaterales restringen la imposición de requisitos nacionales en los procesos de licitación, hecho que afecta la capacidad de la ANDE para cumplir plenamente con el decreto en proyectos financiados por organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros. Sin embargo, el Ing. Sosa aseguró que el Gobierno está dialogando con estas entidades para adaptar su política de adquisición a la nueva normativa paraguaya.

Cabe mencionar que el precio de las torres de fabricación local, aunque todavía no actualizaron los costos para los proyectos específicos mencionados, suele ser mayor en comparación con las importadas, especialmente de China.

En la última década, más del 90% de las estructuras metálicas adquiridas por la ANDE fueron de origen extranjero, en su mayoría chino, debido a los bajos costos resultantes de subsidios que los fabricantes internacionales ofrecen, algo que, según el ministro Giménez, afecta negativamente a la industria paraguaya.

Compromiso con el empleo local

La postura de la ANDE y del Gobierno de Santiago Peña, en general, explora un enfoque equilibrado de cara a un desarrollo sostenible, en el que la industrialización y el impulso hacia el empleo local juegan un papel fundamental en la transición energética del país. Al priorizar productos locales en las licitaciones, Paraguay espera que los beneficios de estos proyectos repercutan en la creación de hasta 8.000 empleos directos y un mayor fortalecimiento del sector metalúrgico.

El ministro Giménez había planteado en su reciente intervención en la IX Semana de la Energía, organizada por la Olade, la necesidad de una “transición energética justa”, que no solo contemple los objetivos ambientales, sino también el bienestar social y el crecimiento económico del país. En ese contexto, la implementación del decreto sería un paso importante hacia ese objetivo, aunque persisten obstáculos en cuanto al financiamiento adecuado de proyectos de esta naturaleza.

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