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El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) dispuso el inicio del periodo de veda pesquera 2024-2025 a partir del próximo 4 de noviembre, afectando tanto las aguas del territorio nacional como las compartidas con países limítrofes.
Esta medida, en cumplimiento de la Ley de Pesca y Acuicultura Nº 3.566/08, restringe durante este periodo tanto la pesca comercial como la deportiva. La veda finalizará el 20 de diciembre en aguas compartidas con la Argentina.
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La disposición genera incertidumbre entre los pescadores de Ñeembucú, quienes no han recibido ninguna propuesta de ayuda por parte del Gobierno para mitigar el impacto económico que supone la veda.
Milciades Ibarra, pescador de la zona de Pilar, expresó que la situación se agrava debido a la pronunciada bajante del río Paraguay, que dificulta la captura de peces porque no se acerquen a la superficie. “Existen canchadas donde ya no podemos usar algunas herramientas de pesca debido a la bajante; usamos otros métodos como la liñada para poder sacar alguna especie y salir adelante”, comentó.
Por su parte, el vicepresidente del gremio de pescadores, Celestino Landaida, manifestó su preocupación por la falta de políticas claras que brinden seguridad al sector. “Nos dijeron que el bono nos lo darían en los primeros días de veda, pero nunca fue así. El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) es el encargado de proporcionar esa ayuda”, señaló.
Landaida detalló que los pagos varían según la situación familiar del pescador: los solteros reciben G. 700.000, mientras que quienes tienen familia pueden recibir entre G. 1.200.000 y G. 1.600.000.
Además, recordó que desde el año pasado la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) incrementó el monto del bono a G. 1.000.000 e incluyó una bolsa de kits de alimentos. Afirmó que en Pilar, hay más de 320 pescadores agremiados, y en todo Ñeembucú suman alrededor de 1.500 pescadores desde Villa Oliva hasta Cerrito.
Multas y sanciones durante la veda
El Mades informó que durante la veda se aplicarán sanciones a quienes incumplan la normativa, con multas que van desde un jornal mínimo (G. 107.627) hasta 20.000 jornales mínimos (G. 2 millones 152 mil). La ley también faculta al ente, incautar embarcaciones, vehículos y equipos de pesca en caso de incumplimiento.