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El organismo asesor del Parlamento ya elevó a consideración de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores su dictamen sobre el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025, para su aprobación o rechazo.
Diputados, en esta primera quincena del mes, iniciará en plenaria el estudio del plan de gasto y las propuestas de modificaciones; y luego, en la segunda quincena, pasará a consideración del Senado para que se expida al respecto.
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El dictamen de la bicameral plantea una serie de modificaciones al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo el 30 de agosto, que incluyen recortes de gastos por G 159.000 millones (US$ 21 millones) y la reasignación de estos recursos a diversas instituciones.
Una de las instituciones afectadas por los recortes aplicados es la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) por un monto de G. 35.000 millones (US$ 4,6 millones al cambio presupuestado), de acuerdo con los datos manejados en la bicameral.
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Los parlamentarios aplicaron la tijera a la administración tributaria de la siguiente manera: G. 20.000 millones al rubro indemnizaciones y G. 15.000 millones a otras transferencias corrientes.
En concepto de indemnizaciones se incluye el retiro voluntario y el pago a los contribuyentes por juicios antiguos que la entidad perdió en la justicia; en tanto que en otras transferencias corrientes, se contempla la distribución de multas para los funcionarios, entre otros beneficios del personal.
Recortes podrían afectar gestión, dice Orué
El director nacional de la DNIT reconoció que la disminución en los referidos rubros previstos para el próximo año podría afectar la gestión de la entidad, pero indicó que aún falta la decisión de Diputados y Senadores, por lo que verán que hacer al respecto.
Dijo que hablará con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que es la institución encargada de este tema, para coordinar la acciones.
El titular de la administración tributaria indicó que el monto para indemnizaciones está previsto para el pago a los contribuyentes que ganaron juicios en años anteriores y lo de transferencias, indicó es parte de la distribución de las multas a funcionarios.
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A su criterio, el recorte podría afectar la gestión, ya que gran parte del aumento de la recaudación se debe a este incentivo que se le paga al personal, con esto se está eliminando la corrupción.
Explicó que, en la medida que se le pague bien a los funcionarios, van a seguir cumpliendo, porque hay un mayor esfuerzo cuando se tiene una expectativa de cobro de un incentivo.
Senador había calificado de inmoral
El senador Líder Amarilla (PLRA), durante la audiencia de la bicameral en la cual participó el titular de la DNIT, a inicios de octubre último, calificó el reparto de multas como inmoral, en el que el funcionario es juez y parte, por lo que consideró que no corresponde que se siga con esta práctica.
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Los funcionarios de la DNIT cobraban el 50% de las multas que se aplican a los contribuyentes por transgresiones a la ley detectadas, un beneficio que vienen aplicando desde los tiempos de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).
Este sistema de pago se prevé nuevamente para el próximo año, dentro del proyecto de PGN presentado por el Ejecutivo, a pesar de que se había dispuesto por decreto que desde 2025 entraría en vigencia el pago de primas por resultados.
Reasignaciones para el Congreso
En cuanto a las reasignaciones realizadas por la Comisión Bicameral de Presupuesto, de los G 159.000 millones (US$ 21 millones) recortados en gastos de las instituciones públicas, entre ellas la DNIT, fueron destinados a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados un total de G. 39.500 millones (US$ 5,2 millones).
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Los mayores recursos asignados al Legislativo, entre otros, irían a financiar el vale de combustible de G. 5 millones y el seguro médico vip de G. 1.100.000, para los 125 parlamentarios (45 senadores y 80 diputados), de acuerdo con los datos preliminares.
Los senadores y diputados pretenden volver a percibir estos beneficios extraordinarios desde el próximo año, gastos que serán financiados con los impuestos que paga la ciudadanía que en su mayoría va en buses chatarras al trabajo y en los hospitales públicos no reciben la debida atención ni los medicamentos que necesita.