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El Centro de Importadores del Paraguay (CIP) informó a este diario que ya en febrero pasado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgó una medida cautelar a L.A. Business SA, que le permitió importar productos sin tener las licencias sanitarias correspondientes. En consecuencia, estas mercaderías que supuestamente tenían sólo el permiso del ingreso al país y no de comercialización, terminaron ofreciéndose incluso en supermercados. Al menos es lo que corroboró el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) el lunes último, al intervenir la firma Fortis Mayorista y retener más de 1.000 latas de energizantes sin registro sanitario.
El presidente del CIP, Iván Dumot, dijo que luego del amparo que dio la Corte a dicha empresa, inmediatamente se iniciaron gestiones con el Poder Ejecutivo para revertir la situación, “que hay que aclarar que está cien por ciento en contra de la vigencia de esta medida cautelar, porque obviamente afecta su capacidad de gestión, en el sentido de que le impide realizar los controles sanitarios pertinentes para esta mercadería crítica como lo son alimentos y bebidas”, explicó.
Inclusive, la Procuraduría General de la República (PGR) emitió su postura en contra del planteamiento de L.A. Business, que planteó una acción de inconstitucionalidad contra el Código Sanitario, decretos y reglamentos afines (porque estos supuestamente afectan su derecho a la libre importación) y solicitó medida cautelar para operar sin ellos, mientras se analiza la cuestión de fondo. La PGR envió un escrito a la Corte para que esta tenga cuenta la postura del Ejecutivo, pero hasta hoy no se ha logrado que se resuelva la cuestión de fondo ni que se revierta la medida cautelar.
Además, el CIP junto a la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), la Cámara Paraguaya de Bebidas Alcohólicas (Capaba), la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) y la Cámara Paraguaya de Bienes, Servicios y Afines (Capro), presentaron un escrito jurídico de “amicus curiae” ante la Corte, a través del cual se pide participación en un hecho que le es relevante al solicitante. “Todos los gremios hemos firmado con toda la argumentación necesaria para que esto quede revertido. Pero eso se ha hecho en abril de este año y hasta ahora no hay respuesta”, dijo además Dumot.
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Incoherencia de la Corte
Según lo explicado, si bien ahora el ministro de la Corte Víctor Ríos dice que se autoriza la importación pero no así la comercialización, no está de más hacer notar que el permiso otorgado por INAN o Dinavisa es un permiso único, que a la vez autoriza la importación, la comercialización y la distribución de los productos. “No hay dos instancias para la aprobación y el registro sanitario, sino que en un solo acto se autorizan las tres. Ellos están en teoría permitiendo uno de ellos, que es la importación, pero en la realidad, lo que hace es eliminar la posibilidad de control del Estado, porque el único filtro posible ante estas situaciones es la Aduana, donde está la mercadería toda junta y la posibilidad de controlarla”, afirmó.
Alertó del enorme daño que está generando la decisión de la Corte, que empezó dando medidas cautelares para el rubro de automóviles usados, continuó con perfumería y cosméticos, ahora ya fueron por alimentos y bebidas. “Solamente falta que se permita importar libremente medicamentos sin control de nadie. Realmente la situación es preocupante y que no se asuma la importancia de actuar con inmediatez. Si fuera prudente la medida cautelar, como dice la Corte, por lo menos hay que resolverla lo más rápido posible”, agregó.
El efecto práctico de estas medidas cautelares “transitorias” es que terminan siendo “permanentes”, es decir, eliminan permanentemente el control del Estado sobre los productos afectados. Pero lo más grave es que ahora ya estamos hablando de productos de consumo humano y al respecto, el presidente del CIP señaló: “No tiene ningún sentido (autorizar en teoría solo la importación) desde el momento que encima estamos hablando de productos alimenticios que tienen plazo de vencimiento. Si todavía fuera otra mercadería, que uno pueda tener un tiempo largo acá, mientras gestiona los registros, podía ser otra situación. Pero en caso de los alimentos, en el tiempo que uno gestiona los registros, se vencen los productos, ya no tienen vida útil ni posibilidad de comercialización. Por lo menos en la situación de hecho es una incoherencia, más allá de lo que la Corte defienda como que es una situación puramente de derecho”.
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Se libera 100% la comercialización
En entrevista con ABC, el ministro Ríos dijo que se estudian las medidas, incluyendo también el efecto que tienen en la práctica. Pero para el Centro de Importadores, esta medida en particular en la práctica lo que está haciendo es liberar 100% la comercialización de productos que no tienen garantía sanitaria. “Y a las pruebas me remito: Esta empresa ha importado ya más de una vez mercadería y la misma no ha podido ser retenida en ningún lado y la misma ha sido comercializada a lo largo y ancho del país y es un esfuerzo sobrehumano salir a perseguir la mercadería en los puntos de venta, cuando que se puede y se debe controlar en el punto de ingreso. Y esa facultad es la que se le está restando a Aduanas en este momento. Realmente el efecto práctico es devastador para la salud pública. Y entendemos muy poco razonable que el derecho comercial de una empresa esté por encima del derecho general a la salud pública. Esa parte es la que no terminamos de comprender”, señaló.
Como ejemplo, contó que en el rubro perfumería, el 70% de lo que ingresa lo hace por esta vía del amparo, sin controles sanitarios. Apenas el 30% está registrado y tiene los permisos sanitarios correspondientes.
Por eso, tanto el CIP como otros gremios piden a la Corte que actúe lo más rápido posible sobre esta situación que afecta a la salud pública, “antes de que esto se convierta en algo de tamaño incontrolable”.
Medida cautelar para una firma de maletín
Según dijo el ministro de la Corte, se estudian los antecedentes de la empresa antes de otorgar una medida cautelar, porque esta va dirigida a quien la solicita. Pero en este caso particular, “esta empresa en el momento en que INAN ha ido a intervenirla, no existe la dirección declarada, no existen los depósitos declarados, nunca se pudo ubicar la dirección ni a los propietarios. A nuestro entender, es una empresa de maletín y aún así la medida cautelar está a su favor”, lamentó Dumot.
De acuerdo con el registro de beneficiarios finales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), dicha empresa es propiedad de Luis Fernández Álvarez Jaramillo y Sandra de Oliveira, ambos de Ciudad del Este, con número de teléfono y dirección desconocidos.
“Desde luego es una absoluta injusticia desde nuestra mirada que alguien tenga la posibilidad de operar bajo estas reglas y el resto del país tenga la obligación de cumplir los controles. Pero nuestra mirada no es que los demás dejemos de cumplir, sino que todos lo hagamos, que todos cumplamos las reglas que están puestas para precautelar la salud de la gente”, agregó. Dijo que los importadores formales son responsables de cualquier mercadería que traen, hasta el momento del consumo final, y si tiene un efecto en la salud de alguien, hay a quién reclamarle, al importador responsable, que tiene la garantía de su fabricante, “y hay toda una cadena de trazabilidad que le da tranquilidad al consumidor de si esto tiene algún inconveniente, tiene a quién hacer responsable de la situación”.
Otro golpe a la seguridad jurídica
Otro aspecto que se ve afectado por la decisión de la Corte es la seguridad jurídica, precisamente un tema central en todas las evaluaciones que se vienen haciendo al país en materia de calificación de riesgo. Nuevamente, el Poder Judicial, señalado como el de mayor debilidad institucional, es el protagonista de un hecho cuestionado por numerosos actores sociales.
“Estamos proponiendo inversiones extranjeras y las pocas que hay acá asentadas se plantearán: ‘Pero si no tengo ni siquiera manera de controlar quién va a comercializar mi mercadería y me traen productos de cualquier lado que pueden hacer que mi marca genere un daño a un tercero y yo no he tenido control de la trazabilidad, finalmente yo voy a tener que hacerme cargo del problema, porque la marca vale más que el problema puntual que se pueda presentar’. Así las compañías multinacionales tienen que hacerse cargo de un problema que ni siquiera han creado. Entonces, afecta a los pocos que están invirtiendo y es un golpe a la seguridad jurídica, que claramente es uno de nuestros ‘talones de Aquiles’ en lo que hace al grado de inversión, como bien se mencionó últimamente”, puntualizó el presidente del Centro de Importadores.