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El organismo asesor del Parlamento prevé cerrar en la fecha el estudio del proyecto de presupuesto 2025 y elevar el dictamen a consideración de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.
El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), presentó el 30 de agosto al Congreso el proyecto que asciende a G. 132,8 billones (US$ 17.557 millones), que representa un aumento del 14% con relación al presupuesto 2024 aprobado.
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La Comisión Bicameral, por su parte, recibió pedidos de aumentos por más de G. 2 billones (US$ 273 millones al cambio presupuestado), principalmente para incrementos salariales de funcionarios y creación de cargos.
Recortes y reasignaciones
El organismo asesor primero aprobó los presupuestos de las instituciones que no solicitaron modificaciones y luego, el último jueves 24, realizó recortes por G. 132.500 millones (US$ 17,5 millones al cambio presupuestado) y reasignaciones para atender los requerimientos de aumentos.
Los principales afectados por los recortes fueron la Secretaría Nacional de Deportes, por un monto de G. 66.000 millones; y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), por un monto de G. 25.000 millones.
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La distribución de los recursos benefició a la Diben, Senadis, Ministerio de Salud, Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Ministerio de la Defensa Pública, las universidades nacionales, los gobiernos departamentales y la Cámara de Senadores, según los datos de la comisión.
Quedan por considerar lo correspondiente a universidades nacionales, poder legislativo, ONG y las propuestas de varios senadores para atender otros reclamos planteados.
La bicameral retoma esta lunes la reunión para tratar las reasignaciones pendientes y analizar la parte normativa del proyecto de ley.
Artículo que favorece a “Nepobabies”
En lo que respecta a la parte normativa del proyecto no se adelantó nada, pero las versiones que surgieron en los días previos es que se incluiría de nuevo el artículo que excluye al Parlamento y el Poder Judicial de cumplir la denominada “Ley Godoy” y la Ley de la Función Pública.
La “Ley Godoy” (llamada así porque fue impulsado por el entonces senador colorado cartista Sergio Godoy) prohíbe la contratación y nombramientos de parientes como funcionarios o asesores; en tanto que la Ley de la Función Pública obliga a realizar concursos públicos para el ingreso y la promoción del personal.
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Al exceptuarse de estas dos leyes, los parlamentarios podrán seguir contratando y nombrando en la función pública a sus “Nepobabies”, con millonarios salarios, como ocurre actualmente y se viene denunciando todos los días.
El artículo que el Congreso viene incluyendo desde el año 2022 establece lo siguiente: “El Poder Legislativo, el Poder Judicial (Corte Suprema de Justicia) y los organismos auxiliares de Justicia, podrán realizar nombramientos, contrataciones y promociones de cargos, con excepción con lo establecido en la Ley N° 1626/2000 De la Función Pública y la Ley N° 6622/2020, que establece medidas de racionalización del gasto público”.
Lejos de responder a las necesidades
El exministro de Hacienda, Dionisio Borda, dijo a ABC sobre el proyecto de presupuesto 2025 que es un aumento considerable lo solicitado por las entidades públicas, principalmente lo de la Corte Suprema de Justicia, de unos G. 515.000 millones; el Ministerio Público, de G. 385.000 millones y las universidades públicas, por G. 844.000 millones, además de otras instituciones.
A su criterio, el monto planteado por el Ejecutivo de US$ 17.557 millones, que representa un incremento de 14% con relación al presupuesto para el presente ejercicio, es un aumento moderado tomando en consideración que los gastos de derechos universales como salud representa solo el 2,7% del PIB y educación, el 2,6% del PIB.
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“Ambos apenas alcanzan 5,3% del PIB, cuando la asignación que debería corresponder solo a salud es el 6% y educación también, como base 6% del PIB”, resaltó Borda.
Señaló que, en otras palabras, con los niveles asignados a salud y educación, estamos lejos de responder a las necesidades ciudadanas. “Si consideramos las transferencias de renta, pensión de adultos mayores y transferencias monetarias condicionadas, Tekoporã, también el PGN 2025 del Ejecutivo, queda corto. Y conste que en el mensaje del PGN 2025, se enfatiza la priorización del gasto social”, puntualizó el exministro de Hacienda.