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La comisión legislativa se reunirá mañana lunes por última vez para cerrar el estudio del proyecto de PGN 2025 y emitir el dictamen, tanto en lo que respecta a los montos asignados para cada institución y los artículos contemplados.
El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), presentó el 30 de agosto al Congreso el proyecto de presupuesto para el año venidero y solicitó su aprobación dentro del tope de déficit fiscal de 1,9% del PIB establecido.
El PGN 2025 propuesto asciende a G. 132,8 billones (US$ 17.557 millones), que representa un aumento de G. 16,3 billones (US$ 2.153 millones) y equivale a 14% más con relación al presupuesto 2024 aprobado.
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En las audiencias llevadas a cabo por la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, en donde acudieron las principales autoridades de las instituciones públicas, los pedidos adicionales realizados superan los G. 2 billones (US$ 273 millones al cambio presupuestado), principalmente para ser destinados a aumentos salariales de funcionarios y creación de cargos.
Según se maneja en la bicameral, la idea es no salirse del tope de gasto establecido por el Ejecutivo y las modificaciones se realicen mediante reprogramaciones, que implica recortar determinados gastos de algunas entidades y distribuir estos fondos a lo que ellos considerarían como prioritarios.
Artículo para favorecer a “Nepobabies”
En lo que respecta a los artículos del proyecto de ley de PGN 2025, no se adelantó mucho al respecto, pero las versiones que circulan es que la bicameral podría incluir de nuevo, como cada año se realiza en el Congreso, el artículo que excluye a los parlamentarios de cumplir la denominada “Ley Godoy” y la Ley de la Función Pública.
La “Ley Godoy” prohíbe la contratación y nombramientos de parientes como funcionarios o asesores; mientras que la Ley de la Función Pública obliga a realizar concursos públicos para el ingreso y la promoción del personal, con lo que al exceptuarse de estas disposiciones podrán seguir incorporando en la función pública a sus “Nepobabies” con millonarios salarios.
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El artículo en cuestión, a pesar de que el Ejecutivo no lo prevé en el proyecto de ley, se viene repitiendo desde el año 2022, por el cual “El Poder Legislativo, el Poder Judicial (Corte Suprema de Justicia) y los organismos auxiliares de Justicia, podrán realizar nombramientos, contrataciones y promociones de cargos, con excepción con lo establecido en la Ley N° 1626/2000 De la Función Pública y la Ley N° 6622/2020, que establece medidas de racionalización del gasto público”.