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Fitch Ratings, una de las principales agencias de calificación crediticia a nivel mundial, publicó su evaluación sobre Paraguay, ubicándolo por debajo del grado de inversión. Entre los factores que influyeron en la decisión se destaca la preocupación de la calificadora por la ley anti-ONG, impulsada por el oficialismo.
La calificadora observa que la normativa en cuestión debilita las protecciones constitucionales de la libertad de asociación y expresión, un aspecto que afectaría la percepción de riesgo para los inversores.
Al respecto, Jorge Dos Santos, vocero de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), observó que se debe realizar la tarea y atacar la corrupción. Recalcó que no sorprende lo reportado en el informe, y que se esperaba esta impacto internacional. “Echarle la culpa a las ONG es un señuelo y mirar a otro lado para no mirarnos al espejo”, dijo.
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Por otra parte, Dos Santos dijo que confía en que se logrará combatir la corrupción porque se trata de un trabajo que corresponde a los propios paraguayos, los mismos que lograron la estabilidad macroeconómica que tanto se elogia.
“Decimos que tenemos estabilidad e impuestos competitivos, características que no tiene Alemania, por ejemplo, pero atrae inversores. Eso es así porque da seguridad. A eso tenemos que apuntar”, insistió.
Autoridades deben poner foco en economía
Luis Tavella, presidente de la Federación Paraguaya de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Fedemipymes), a su turno afirmó que las autoridades de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se están ocupando más de cuestiones políticas y no de la economía, hecho que causa preocupación, dijo.
Agregó que esta situación se da en un contexto de aumento de la cotización del dólar, que puede alcanzar hasta G. 8.000. “Más del 70% de lo que consumimos nosotros es producto importado, lo que consumimos a nivel nacional es muy poco, entonces eso (la cotización del dólar) va a incidir totalmente en la canasta familiar”, aseguró.
Dijo también que el incremento de los precios de los productos no se refleja en la tasa de inflación que da a conocer mensualmente el Banco Central del Paraguay (BCP).
Explicó Tavella que esta situación genera un “efecto dominó”, que deriva en un menor consumo, a su vez en pérdidas de empleos y, además, las inversiones estatales que habían anunciado no se están concretando.
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Añadió que el tema de la Ley ante-ONG, en definitiva, “rencillas internas, políticas”, de alguna manera, perjudica a nuestra economía. Sobre todo al sector mipymes, porque es el 98% de las empresas, el que mueve el consumo. “Hoy podés consultarle a cualquiera y te va a decir que está vendiendo menos, y si vende menos, compra menos“, dijo.
Por su parte, Massimiliano Corsi, presidente de la Cámara Paraguay de Biodiésel (Biocap), señal´que este tipo de leyes deberían responder la necesidad de promover la cooperación entre el gobierno y las organizaciones no gubernamentales. “Estas entidades (las ONG) juegan un papel crucial en el avance del país”, destacó.
Agregó que un marco regulatorio que respete la libertad de asociación y expresión no solo fortalece la confianza de los inversores, sino que también potencia el crecimiento y la competitividad de nuestras industrias, contribuyendo así al desarrollo económico y social del país.