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El presidente del IPS, Jorge Brítez, confirmó que desde la previsional se retiraron G. 250.000 millones de otros bancos, con amplia trayectoria en el sistema, para comprar bonos de Ueno Bank, donde aparentemente miembros del gobierno tienen acciones.
“Ahí hay dos cuestiones: una es la del conflicto de intereses, porque hay gente vinculada al Gobierno con ese banco, pero además, lo que resulta más grave es que, cuando uno retira con antelación esos certificados de depósitos, paga una penalidad, porque tengo entendido que esos certificados de CDA (Certificados de Depósitos de Ahorro) no estaban vencidos”, indicó el senador Rafael Filizzola.
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El parlamentario hizo hincapié en el hecho de pagar una penalidad para invertir en una entidad financiera que tiene accionistas en el Gobierno. “Me parece grave porque puede causar un perjuicio económico y, en segundo lugar, está el conflicto de intereses”.
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“Falta de transparencia”, lo más grave
Seguidamente, señaló la falta de transparencia como lo más grave de la situación. “No sabemos cuáles fueron los criterios, si hubo una mejor tasa, si esa tasa compensa la penalidad que eventualmente tuvieron que pagar, cuál era la urgencia y cuál es el plazo”.
Para el legislador, la intención de esto es muy clara: favorecer a un banco, utilizando información privilegiada para beneficio económico.
“Recordemos que recortaron justamente la ley de conflicto de intereses, suspendieron la Secretaría Anticorrupción y también la Ley de Transparencia”, concluyó.