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La situación se profundizó en el 2023, dado el acuerdo que había suscrito el país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que, entre otras aristas, contempla converger el déficit fiscal al 1,5% del PIB establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF). El cumplimiento de este compromiso viene generando una desaceleración en la dinámica de inversión en proyectos de infraestructura. Ello, al considerar que los recortes al gasto público, generalmente, se realiza al componente de la inversión física.
Es importante mencionar que previo al año 2013, la inversión física (construcciones, adquisición de inmuebles y maquinarias) no formaba parte de los principales pilares de acciones de los gobiernos, lo que permitió que las cuentas públicas gozaran, por años, de superávits, es decir, los ingresos eran mayores a los gastos y servían básicamente para mantener la estructura del Estado.
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En 2012, con el aumento salarial al sector público (en promedio, 38%) inició lo que sería un déficit estructural y, por ende, escaso o nulo espacio fiscal para impulsar las inversiones en obras, lo cual llevó a la búsqueda de nuevas alternativas de financiamiento. Así, los recursos captados a través de la emisión de bonos soberanos se convirtieron en el principal modelo de financiamiento en los siguientes ejercicios.
Datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) muestran cómo la composición de la fuente de financiamiento en la inversión física de la Administración Central experimenta una reconfiguración. Los Recursos del Tesoro o Fuente 10, que solventaban los proyectos de infraestructura, van en clara reducción, siendo reemplazados por fondos obtenidos mediante la colocación de los títulos en el mercado internacional, así como por préstamos de organismos multilaterales. La reconfiguración permitió al Estado ampliar programas sociales, financiar algunos reajustes en la planilla salarial y otros planes de Gobierno.
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Un modelo de financiamiento agotado
En los últimos años se registra una disminución en el componente del financiamiento de inversión física con bonos, debido a que los recursos han sido destinados, en gran medida, a la amortización de capital con organismos multilaterales.
Los acontecimientos entre los años 2019 y 2022 (crisis económica, pandemia y posterior a ella) provocaron un aceleramiento de la Deuda Pública, motorizado por agresivos planes de contención económica. Antes del Gobierno actual, las condiciones financieras internacionales poco favorables desde el 2022 y arrastradas en 2023 habían complejizado las posibilidades de financiamiento de las economías de todo el mundo y Paraguay no estuvo ajeno a tal escenario.
Así también se sumó otra situación, la deuda que el Estado mantenía con los sectores farmacéuticos y de la construcción por lo que el déficit fiscal para el ejercicio del año pasado fue superior a lo previsto por la Administración anterior y obligó a extender el plazo de convergencia acordado con el FMI para el año 2026.
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En este sentido, en la última visita del Fondo Monetario Internacional, previó que el déficit fiscal caiga sustancialmente al 2,6% del PIB este 2024. Para el organismo, el ajuste correspondiente se lograría mediante una reducción del gasto en inversión (con la finalización de grandes proyectos de construcción de carreteras) que podría ser amortiguada por ingresos no tributarios adicionales provenientes de Itaipú y una mejora en la recaudación de impuestos, la que ha aumentado fuertemente en los meses del este año.
En efecto, ambas situaciones se han registrado en los últimos meses, sin embargo, el desarrollo de la infraestructura en Paraguay no debe seguir supeditado a factores adversos. Por lo que es imperiosa la necesidad de potenciar instrumentos de inversión ya vigentes o encontrar nuevos y que involucran al sector privado, dado que el modelo de obtener recursos mediante la colocación de bonos para el financiamiento de obras llegó a su fin, aunado a que los recursos del Estado o los préstamos seguirán siendo insuficientes para la importante brecha de infraestructura existente en el país.
* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones