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El proyecto de ley -que fue presentado el viernes último al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), como iniciativa popular de organizaciones sociales- establece que todo funcionario público, cuya remuneración supere el salario del Presidente de la República, pague este nuevo impuesto, que busca generar fondos para subsidiar el acceso a la energía eléctrica a más del 90% de las familias paraguayas.
La propuesta surge en un contexto de creciente descontento con la distribución de los beneficios generados por las binacionales hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá.
El Impuesto a los Altos Salarios Públicos (IASP) está diseñado para aplicar a funcionarios que perciben sueldos significativamente superiores al del Presidente de la República. Según el proyecto, este gravamen podría alcanzar tasas de hasta el 87% para aquellos que percibieron los salarios más altos, y que la suma que se recaude se destine a una cuenta especial del Ministerio de Economía.
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El cálculo de la tasa del IASP se basará en la diferencia entre el salario neto del Presidente y el de los demás funcionarios públicos, afectando tanto a los empleados de entidades estatales como a los de las binacionales hidroeléctricas, según el documento presentado al TSJE y que buscan que se trate en el Congreso Nacional.
Este impuesto forma parte de una serie de medidas destinadas a mejorar la equidad en el uso de los recursos energéticos del país, redistribuyendo la renta eléctrica, tradicionalmente utilizada en gastos superfluos o mal gestionados, en la ampliación de la tarifa social.
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De aprobarse, el proyecto asegura un financiamiento de aproximadamente 150 millones de dólares anuales, destinados a garantizar el acceso a la electricidad como un derecho humano.
Redistribución y ajuste salarial en el sector público
El anteproyecto también propone limitar los gastos innecesarios en las binacionales, como viáticos y viajes de altos funcionarios, así como las transferencias a entidades privadas que, según los autores del proyecto, no aportan al bienestar general. Estos fondos, sumados a los generados por el IASP, permitirán financiar la tarifa social y mejorar el acceso al servicio eléctrico en zonas vulnerables, sin necesidad de recurrir a fondos adicionales del Estado.
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Según los cálculos del proyecto, los salarios de los altos funcionarios de las binacionales, en algunos casos hasta cinco veces superiores al del Presidente, son injustificables. La aplicación del IASP contribuiría a corregir estas disparidades, y con eso los recursos podrían destinarse directamente a los sectores más necesitados del país.
Impacto social: acceso a la electricidad como derecho humano
El objetivo central de este anteproyecto, impulsado por Itaipú Causa Nacional, ANDE Pueblo Mba’e, Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (CIPAE), Itaipú es también soberanía y el Movimiento Campesino Paraguayo, es garantizar que la energía eléctrica, sea considerada un derecho humano fundamental, accesible para todos los paraguayos.
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La tarifa social ampliada no solo beneficiará a las familias de bajos ingresos, sino también a las pequeñas y medianas empresas, que podrán acceder a tarifas más bajas, fomentando así la generación de empleo y el desarrollo económico, de acuerdo al anteproyecto presentado.
Además, esta iniciativa contempla el uso de los recursos eléctricos para asegurar el suministro de agua potable a través de juntas de saneamiento, sin la intervención de intermediarios políticos, lo que garantizaría un impacto directo y positivo en la vida de miles de los ciudadanos.
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Críticas a la gestión actual de la renta eléctrica
El anteproyecto señala que la renta eléctrica –que incluye las regalías y las compensaciones provenientes de las binacionales– ha sido mal utilizada hasta el momento, siendo destinada a reducir la presión tributaria de los sectores más favorecidos y proyectos sobrefacturados que no responden a las necesidades del pueblo paraguayo. Se critica que gran parte de estos recursos haya sido dilapidado en obras que nada tienen que ver con el mejoramiento del servicio eléctrico, bajo el pretexto de ser “responsabilidad socioambiental”.
Este nuevo enfoque busca rectificar estos desvíos y asegurar que los recursos energéticos sean gestionados de manera transparente y eficiente para beneficiar a la mayoría de la población. Esta propuesta deberá ser debatida en las comisiones legislativas, y probablemente enfrentará oposición en el sector público.
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¿Cuántos funcionarios ganan más que el Presidente?
Cabe recordar que durante la pandemia por la Covid-19, en 2020, a pedido de la Cámara de Diputados, el entonces ministerio de Hacienda informó oficialmente que 17 autoridades de diferentes instituciones (Corte Suprema, Sindicatura General de Quiebras, Banco Central del Paraguay, Caja Bancaria, Agencia Financiera de Desarrollo y Banco Nacional de Fomento) ganaban más que el presidente de la República de entonces, Mario Abdo Benítez (ANR), que percibía G. 37,9 millones.
La cartera de Estado mencionaba en aquel informe que el impacto anual estimativo en el Presupuesto General de la Nación por las remuneraciones fijas de las 17 autoridades era de G. 1.086.391.098, equivalente a US$ 167.137. Sin embargo, en otro informe de Hacienda (actual Ministerio de Economía y Finanzas) detallaba a 1.585 funcionarios públicos, algunas autoridades y otras no, superan ampliamente el salario del presidente de la República, si se le sumaban remuneraciones fijas, los pagos extras como pasajes y viáticos, bonificaciones y otros.
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Esta fue una de las discusiones principales en la Cámara de Diputados cuando se estudió en una primera vuelta la llamada “Ley Godoy” (del ahora exsenador cartista Sergio Godoy), que proponía que ningún funcionario público -incluyendo de las binacionales- supere el salario del jefe de Estado.
Asimismo, de los más de 3.000 funcionarios paraguayos que tenían las binacionales Itaipú y Yacyretá en 2020, 624 ganaban más que el presidente de la República, según datos proveídos por las entidades a mayo de aquel año. En la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), 342 empleados ganaban más de G. 37 millones, en tanto que en Itaipú Binacional, 282 funcionarios superan el salario del mandatario.
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El aumento de Peña y sus ministros
El año pasado, apenas asumía su mandato el presidente de la República, Santiago Peña, quiso asignarse un incremento salarial. De acuerdo con el PGN 2023 se contemplaba para el Presidente un salario G. 40.000.000 y G. 4.908.800 como gasto de representación, que implica un total de G. 44.908.800 mensuales, pero esta iniciativa finalmente fue rechazada. De esta manera, el salario de Peña sigue siendo G. 33.000.000 más G. 4.908.800 de gastos de representación, lo que totaliza G. 37.908.800, al igual que su antecesor.