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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) lanzó en junio último una convocatoria a acreedores con resoluciones judiciales firmes y ejecutoriadas para pagarles la deuda, pero a cambio de una quita a favor del Estado.
La cartera señaló entonces el propósito era citar a todos los beneficiarios con resoluciones judiciales firmes y ejecutoriadas que condenan al Estado al pago de sumas líquidas de dinero, notificadas al MEF hasta el 31 de diciembre de 2023 y que estén interesados en proponer acuerdos que permitan generar ahorro al Estado y poner fin al conflicto.
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Los acreedores interesados debían presentar a la cartera sus propuestas desde el 26 de junio hasta el 4 de julio y que luego de la evaluación se tomaría una decisión al respecto.
La quita y el monto a pagar
El MEF comunicó el último viernes que con las quitas acordadas con los acreedores del Estado logró un ahorro de G. 2.716 millones (US$ 350.481), que representa el 17,2% de un paquete total que presentaron para el cobro de G. 15.725 millones (US$ 2 millones).
La cartera, finalmente, deberá pagar G. 13.009 millones (US$ 1,6 millones al cambio vigente), que equivale al 82,7%, a los acreedores con resoluciones judiciales firmes y ejecutoriadas, luego de las quitas acordadas.
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“Tras la publicación del resultado preliminar de la etapa de evaluación de propuestas en el portal web institucional, se recepcionaron reclamos por parte de los interesados no incluidos en dicho resultado. En consecuencia, se procedió a la realización de un nuevo análisis exhaustivo de las 54 propuestas presentadas”, indica el comunicado del MEF.
Poner fin al conflicto
Añade que, completada la verificación de las propuestas y las protestas que recibieron y, conforme con los créditos presupuestarios previstos, determinaron el orden de priorización de treinta propuestas de acuerdos que incluyen quitas, que ponen fin al conflicto y generan un ahorro al Estado, con cargo al presente ejercicio fiscal 2024.
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Además informó a los beneficiarios priorizados que deberán comunicarse con la Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado (Code), en un plazo máximo de 10 días hábiles, con el fin de iniciar los trámites administrativos para la conclusión del proceso necesario para el pago de las sumas propuestas.