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El anteproyecto de ley, que fue presentado esta mañana al TSJE, como iniciativa popular, por las organizaciones sociales que lo impulsan: Itaipú, Causa Nacional, ANDE Pueblo Mba’e, Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (CIPAE), Itaipú es también soberanía y el Movimiento Campesino Paraguayo.
La propuesta legislativa establece, como uno de los puntos clave, la introducción de una Tarifa Social Nacional, aplicable a usuarios residenciales, comerciales e industriales que consuman hasta 1.500 kWh/mes. Este sistema de tarifas escalonadas, dividido en seis rangos de consumo, permitirá importantes descuentos automáticos en la facturación de la electricidad, siendo los más beneficiados quienes consuman menos energía. Por ejemplo, los usuarios con un consumo mensual de 1 a 150 kWh recibirán un 90% de descuento en la tarifa vigente, mientras que aquellos que consuman entre 1.001 y 1.500 kWh verán una reducción del 15%.
La medida busca no solo facilitar el acceso a la electricidad de los sectores más vulnerables, sino también fomentar la eficiencia energética y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas.
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La exviceministra de Minas y Energía, Ing. Mercedes Canese, manifestó durante la entrega de las más de 50.000 firmas que impulsan el anteproyecto de ley, que los gastos socioambientales de Itaipú vayan para sostener la Tarifa Social. Exhortó a que la mitad de la renta eléctrica, que según el gobierno alcanza los US$ 1.250 millones por año, vaya a la ANDE, para que la institución pueda invertir en infraestructura eléctrica y no existan más los cortes de luz.
Además, el proyecto sostiene que el acceso a la electricidad es esencial para garantizar otros derechos civiles, políticos, sociales y económicos, considerados pilares de una sociedad democrática. En su primer capítulo, el texto asegura que la ANDE y otras eventuales concesionarias del servicio deberán priorizar el suministro eléctrico a asentamientos rurales, suburbanos y urbanos, incluso en zonas aún no legalizadas.
En casos en los que las comunidades se encuentren a menos de 5 kilómetros del Sistema Interconectado Nacional (SIN), la ley obliga a que se les proporcione acceso a la electricidad en un plazo máximo de dos meses mediante medidores individuales o comunitarios. Para las comunidades más alejadas del SIN, el plazo se extiende hasta seis meses, garantizando la misma calidad de servicio que en áreas más accesibles.
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El monseñor Mario Melanio Medina dijo que actualmente, así como en otras épocas, estamos en guerra, pero esta vez es “del pueblo contra los poderosos”, porque a los pobres no se los quiere escuchar.
Eliminación de privilegios a criptos e hidrógeno verde
En el marco de este anteproyecto de ley, también se eliminan los privilegios otorgados a las actividades de criptominería y a las denominadas plantas de hidrógeno verde. Estas industrias, según argumentan los impulsores del proyecto legislativo, han estado beneficiándose de tarifas preferenciales, a costa del resto de la población. El proyecto subraya que estas actividades no deben tener prioridad por encima del acceso equitativo y universal a la energía eléctrica como un derecho humano.
De ser aprobada, esta ley representaría un avance significativo para las políticas sociales del país, al garantizar que ningún ciudadano quede sin acceso a la electricidad por razones legales, burocráticas o económicas. Asimismo, al ampliarse la Tarifa Social, la medida busca proteger a las poblaciones más vulnerables del impacto de los costos energéticos y contribuir con el crecimiento económico del país mediante la reducción de los costos de producción de las empresas de menor tamaño.
La propuesta incluye la quita de deudas vencidas para aquellos beneficiados por la Tarifa Social y la exoneración de pagos para comunidades indígenas y personas de la tercera edad que reciben subsidios.
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Quita de deudas para usuarios en Tarifa Social
El Artículo 8 del proyecto de ley propone una quita de deudas vencidas para los usuarios que están en la Tarifa Social y que han acumulado moras en el pago de sus facturas eléctricas. Para aquellos cuyo consumo mensual no supera los 1.500 kWh, la ley establece reducciones significativas en sus deudas, según el nivel de consumo. Los usuarios que consumen menos de 150 kWh/mes recibirán un descuento del 90% en sus deudas; mientras que aquellos que consumen entre 151 y 300 kWh/mes obtendrán una reducción del 70%, y así sucesivamente hasta llegar al 15% para consumos entre 1.001 y 1.500 kWh/mes.
Además, la deuda restante, luego de aplicada la quita, será refinanciada en 12 cuotas mensuales sin intereses, lo que permitirá a los usuarios regularizar su situación sin sufrir cargas económicas adicionales.
Energía gratuita para indígenas y adultos mayores
El Artículo 9 introduce una medida histórica: la exoneración del pago de electricidad para comunidades indígenas y adultos mayores que reciben el subsidio del Ministerio de Hacienda. Este grupo tendrá derecho a consumir hasta 300 kWh mensuales de manera gratuita. Si su consumo supera este umbral, comenzarán a pagar tarifas con los descuentos establecidos por la ley, hasta un límite de 1.500 kWh/mes.
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Esta disposición busca proteger a los sectores más vulnerables, reconociendo su difícil acceso a servicios básicos como la energía eléctrica. La ANDE, junto con el INDI y el Ministerio de Hacienda, será la responsable de implementar y monitorear esta exoneración.
Financiación del proyecto: renta eléctrica y recortes a gastos superfluos
El financiamiento para estas medidas provendrá de la denominada renta eléctrica, un concepto detallado en el Artículo 10. La renta eléctrica incluirá los ingresos que Paraguay y la ANDE perciben de los royalties y compensaciones derivados de las represas de Itaipú y Yacyretá, así como los beneficios adicionales por la exportación de energía no consumida por Paraguay.
Adicionalmente, la ley establece, en el Artículo 12, la prohibición de gastos superfluos en las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, tales como viajes y viáticos innecesarios. Estos fondos serán redirigidos a financiar los subsidios de la Tarifa Social, garantizando que los recursos se utilicen de manera eficiente y responsable.
“Todo esto tiene un costo de US$ 200 millones nomás”, aseguró el exparlasuriano y especialista del sector eléctrico, Ing. Ricardo Canese. Recordó que actualmente la Tarifa Social de la ANDE llega a poco más de 200.000 clientes de la institución.
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Explicó que actualmente, el usuario de la ANDE que tiene una ducha eléctrica o un aire acondicionado, ya no puede acceder a la Tarifa Social. “Con estos fríos en invierno y los calores que tenemos en verano ¿Cómo se le va a negar agua caliente o un aire acondicionado a las familias paraguayas?”, cuestionó.
Impuesto a altos salarios en el sector público
Para complementar la financiación de las medidas de alivio, el proyecto introduce el Impuesto a los Altos Salarios Públicos (IASP), contemplado en los Artículos 13 a 16. Este impuesto afectará a los funcionarios públicos que perciban remuneraciones netas iguales o superiores a las del Presidente de la República. La ley propone que las diferencias salariales entre el Presidente y otros funcionarios públicos no superen un jornal mínimo, lo que generaría ingresos adicionales que se destinarían a fortalecer el financiamiento del sistema de tarifas sociales y subsidios.
Este proyecto de ley representa un paso significativo hacia la equidad social y la justicia energética en Paraguay, asegurando que los sectores más vulnerables puedan acceder a la electricidad sin enfrentar cargas económicas insuperables, sostuvieron sus impulsores.
A medida que avance en el proceso legislativo, tras cumplirse con el requisito de la presentación de las más de 50.000 firmas que la impulsan, se espera que el proyecto genere un amplio debate, tanto en el ámbito político como en la sociedad en general, señalaron.