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El Ministerio de la Defensa Pública es una persona jurídica de derecho público, que integra el Poder Judicial y goza de autonomía normativa y funcional, así como de autarquía financiera en la administración de sus recursos, indica la presentación que realizó el defensor general Javier Esquivel ante la comisión bicameral.
Explica que la función de la institución es ejercer la defensa de los usuarios de sus servicios, principalmente los más vulnerables de la sociedad, así como la vigilancia de la efectiva aplicación del debido proceso en el ámbito de su competencia.
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La institución cuenta este año con un presupuesto de G. 275.228 millones (US$ 37 millones al cambio presupuestado), monto al que se suma desde este mes una ampliación otorgada por el Congreso de G. 20.060 millones (US$ 2,7 millones) para cubrir el déficit. Con esta ampliación, el total del ejercicio asciende a G. 295.288 millones (US$ 39,7 millones).
Proyecto de presupuesto 2025
Esquivel informó a los parlamentarios que el proyecto para el ejercicio 2025 que le fue asignado por el Ministerio de Economía es prácticamente el mismo monto del vigente, asciende a G. 275.382 millones (US$ 37,1 millones) y no incluye la ampliación presupuestaria aprobada, atendiendo que ésta fue promulgada en este mes, setiembre.
Ante esta situación, dijo que presentó una adenda a la comisión bicameral de G. 79.628 millones (US$ 10,7 millones) y equivales a un incremento del 29%, con el que el proyecto de presupuesto para el próximo ejercicio alcanzará G. 355.010 millones (US$ 47,8 millones), sin incluir aún la ampliación presupuestaria.
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“Resulta insuficiente lo presentado por el MEF”, dijo el defensor general para argumentar su pedido de mayores recursos y detalló en que consiste la adenda solicitada para el presupuesto 2025.
Adelantó que la adenda no contempla creaciones de cargos, sí una nivelación salarial para los ujieres, médicos forenses y mediadores como se establece en el artículo 77 de la Ley N° 4423/11, orgánica del MDP, en cuanto a la equiparación de los salarios de la institución con el Ministerio Público o Fiscalía.
El MDP tiene asignado en la ley de presupuesto 2024 un total de 2.266 cargos de funcionarios permanentes.
Desprecarización laboral y construcciones
También solicitan que se implemente el programa de desprecarización laboral para que el personal contratado, que en algunos casos cuenta con 13 y 17 años de contratos, pueda ser nombrado. La institución cuenta con 268 contratados y 67 vulnerables, según afirmó Esquivel en la sesión de la bicameral.
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Además se prevé la construcción de edificios para las sedes en Villarrica, Capiatá, Encarnación y Capital Bado, que responde a la necesidad de contar con infraestructura diseñada sobre la base de los requerimientos propios de la arquitectura judicial, señala el informe presentado.
Agrega que, por la cantidad de funcionarios y defensores públicos de los diferentes fueros que cumplen en las sedes del MDP de las ciudades mencionadas, la cantidad de beneficiarios y el costo del alquiler que impacta en el presupuesto de la entidad.