El avance del proyecto de ley de reprogramación presupuestaria por G. 2.500 millones, para el subsidio de la jubilación especial de 125 parlamentarios (80 diputados y 45 senadores) con dos ejercicios en el Congreso Nacional, alerta nuevamente sobre los beneficios que se concentran en varias dependencias del Estado. La fuente de financiamiento, principalmente del componente de los gastos considerados rígidos, como los salarios y las jubilaciones, proviene de impuestos.

De acuerdo con la Ley N° 6.112/18 del Fondo de Jubilaciones y Pensiones para miembros del Poder Legislativo y sus modificaciones, existen tres clases de jubilaciones y parámetros definidos, además de un régimen especial, los que se detallan a continuación:

• Ordinaria: derecho desde 55 años de edad y un mínimo de 180 meses de aportes (15 años o tres periodos legislativos).
• Extraordinaria: derecho desde 55 años de edad y un mínimo de 120 meses de aportes (10 años o dos periodos legislativos).
• Por invalidez (disminución total o parcial, física o mental): antigüedad mínima de 3 años como afiliado, si su invalidez es consecuencia de enfermedad o accidente que no sea de trabajo cualquiera sean sus causas; una antigüedad mínima de 8 años, si es consecuencia de senilidad o vejez prematura; y, con cualquier tiempo de antigüedad si es causada por accidente de trabajo.
• Especial: cuando el afiliado con 10 años de antigüedad deje de ser miembro del Poder Legislativo o del Parlamento del Mercosur sin tener cumplidos los requisitos legales para la jubilación ordinaria, tendrá el derecho de solicitar su continuidad en el Fondo, dentro del plazo de 6 meses de su retiro, como afiliado voluntario por el tiempo de aportes necesarios y la edad requerida para su jubilación ordinaria. Completados 10 años de antigüedad en el Fondo, podrá optar por el pago de los aportes atrasados, si los tuviere.

Simulación e impacto en las cuentas públicas

Para el ejercicio se asumen los parámetros descritos y el monto asignado sin reajustes en concepto de dietas (G. 29.606.840) y gastos de representación (G. 7.469.900) contemplados en el anexo del personal 2024 de la Cámara de Senadores y Diputados.

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Así, un legislador estaría aportando mensualmente a la Caja Parlamentaria el 22% (8.156.883) sobre el total de los ingresos mencionados, configurados como remuneración salarial. Al año, su contribución ascendería a G. 97.882.594.

Si el parlamentario quiere acceder a una Jubilación Ordinaria, debería aportar G. 1.468.238.904, monto que representa a 180 meses, 15 años o tres periodos legislativos de contribución. Sin embargo, este aporte sobre una expectativa de vida de 70 años, solo permitiría cubrir los primeros 4 años del haber jubilatorio.

En tanto que, si se acogiera a la Jubilación Extraordinaria, abonaría por 120 meses, 10 años o dos periodos como congresista, la suma de G. 978.825.936, que tampoco sería suficiente para todo el periodo de retiro, al considerar que cubriría 3,6 años, tal como se muestra en la tabla.

Los aproximadamente restantes diez años sin cobertura deben ser respondidos con ingresos públicos. Esto tendrá indefectiblemente un resultado negativo: desfinanciamiento del sistema parlamentario en las cuentas públicas.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.