Estabilidad laboral: “Santi Peña quiere consolidar las irregularidades” de los empleadores

El coordinador de la Corriente Sindical Clasista (CSC), Eduardo Ojeda, afirmó que el presidente Santiago Peña quiere consolidar las irregularidades que cometen los empleadores con el anunciado proyecto de eliminación de la estabilidad laboral. Agregó que dicho derecho del trabajador no es la causa de los despidos cerca de los 10 años de antigüedad.

Miembros de la Corriente Sindical Clasista (CSC), durante una manifestación.
Miembros de la Corriente Sindical Clasista (CSC), durante una manifestación.

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El presidente Santiago Peña anunció la semana pasada la presentación de un proyecto de reforma del Código Laboral, incluyendo modificaciones, entre ellas la eliminación de la estabilidad laboral a los 10 años de contrato.

En su lógica argumental, el mandatario refiere que la estabilidad laboral no le permite al trabajador alcanzar la jubilación.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) reveló que el 84% de la población asalariada no tiene más de 10 años de antigüedad; es decir, solo el 16% tiene estabilidad laboral.

Santi Peña quiere consolidar irregularidades de empleadores

El coordinador de la Corriente Sindical Clasista (CSC), Eduardo Ojeda, afirmó que “la versión de Santiago Peña es mentirosa. Describe la realidad pero no explica la causa”.

Agregó que hay un 70% de la población asalariada fuera de la franja de la estabilidad laboral ”porque los empresarios son corruptos” e incumplen los derechos laborales. “Santi Peña quiere consolidar las irregularidades e incumpliemiento de las normativas laborales en vez de atacar la causa, porque casi 300.000 trabajadores (con estabilidad) están en el mercado laboral porque a sus empresarios no les interesa hacer despidos arbitrarios”, expresó.

También resaltó que existe “impunidad institucional” por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), considerando que existen solo 17 inspectores laborales para dar cobertura a toda la población asalariada.

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El presidente Santi Peña es un mentiroso e hipócrita porque en vez jugarse políticamente, dar presupuesto y dotar de infraestructura al Ministerio de Trabajo para que llegue de manera preventiva en las empresas a hacer sentir el Estado y generar condiciones laborales que garanticen los derechos humanos y laborales, se dedicaron a invertir el recurso del Estado para dar jubilación de privilegio en el Parlamento. Esa es la demostración clara de en qué país estamos”, fustigó.

Manifestación en contra de la aprobación en la Cámara de Diputados de la ley que crea la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones.
Eduardo Ojeda, coordinador de la Corriente Sindical Clasista (CSC).

Estabilidad laboral no es el problema

El sindicalista subrayó que si se normaliza el cumpliento de las leyes laborales, la estabilidad no será un problema, tal como alega el Gobierno. “Hay que atacar la causa y hacer que sea normal el cumplimiento de las normativas laborales para que esto no sea problema”, declaró.

Afirmó que la estabilidad laboral no es el problema que causa la denominada curva descendente del trabajador desde que se observa cerca o al cumplir los 10 años de antigüedad. Además, refirió que, en todo caso, no se deben eliminar los derechos adquiridos para solucionar dicho fenómeno.

Asimismo, manifestó que los empresarios que incumplen las normativas laborales son los que “empujan” la aprobación de dicho proyecto de reforma.

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“Esa es la hegemonía en nuestro país. (Los empleadores) se encuentran en el Club Centenario y se dicen: ‘Qué pelotudo, ¿por qué vos tenés sindicatos si podemos liquidar? Llamá al Ministerio y que te solucione el problema’. Eso hay que romper, hay que estimular, incentivar y apoyar una relación obrero-patronal más seria, objetiva y que realmente llegue la distribución de las riquezas a los trabajadores. No puede ser que condenemos a los trabajadores a la miseria que están produciendo las riquezas”, mencionó.

Pide mesa de diálogo con Gobierno

Ojeda solicitó al Gobierno la instalación de una mesa de diálogo para profundizar el debate sobre todos los problemas laborales y sus causas.

Comentó que, hasta el momento, no recibieron ninguna convocatoria para negociaciones por parte del Gobierno.

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Agregó que en caso que sean convocados, establecerán condiciones, como la participación de órganos multinacionales especializados en la cuestión laboral para “generar condiciones objetivas”.

Actualmente, la población asalariada en el Paraguay está conformada por 1.400.000 personas, según datos brindados por el INE.

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