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El Poder Ejecutivo presentó al Congreso el pasado 30 de agosto el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025 para su estudio y aprobación.
La propuesta asciende a G. 132,8 billones (US$ 17.557 millones), a la administración central se le asigna G. 69,1 billones (US$ 9.138 millones) y a las entidades descentralizadas G. 63,7 billones (US$ 8.418 millones).
El plan del gobierno para el próximo año aumenta G. 16,3 billones (US$ 2.153 millones), que equivale a 14% más con relación al presupuesto 2024 aprobado inicialmente por el Parlamento.
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Contempla 331.300 cargos permanentes distribuidos en 106 instituciones, entre funcionarios administrativos, personal de salud, docentes, policías, militares y otros.
Son 11.978 cargos más que se crean con respecto a la cantidad establecida en el presupuesto vigente, aunque en su mayor parte en el Ministerio del Interior para la incorporación de policías.
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De igual modo, el gasto salarial en la administración central representará G. 23,8 billones (US$ 3.144 millones), aumenta 8,3% con respecto a lo asignado este año.
Con relación al personal contratado, los datos del MEF no incluyen la cantidad existente en la administración pública, pero según los números manejados en años anteriores serían más de 50.000 personas.
Retiro voluntario y desprecarización
La ley de presupuesto cada año autoriza a implementar los programas de retiro voluntario de funcionarios permanentes y la desprecarización laboral para el personal contratado, éste último implica sencillamente pasar de temporal a permanente para recibir todos los beneficios.
El retiro voluntario se aprobó inicialmente con la intención de reducir la cantidad de cargos que tiene el Estado y el gasto salarial, sin embargo, a medida que pasan los años aumentan en número y el Tesoro ya destinó miles de millones de guaraníes para una finalidad que no se cumple.
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A modo de ejemplo cuánto le cuesta a los contribuyentes el retiro voluntario, el antecedente más inmediato fue en diciembre del año pasado cuando el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, autorizó el pago de más de G. 37.963 millones (US$ 5,3 millones al cambio presupuestado) por la desvinculación laboral anticipada de 137 funcionarios.
Lo mismo sucede con la desprecarización laboral, que cada año incorpora a contratados como funcionarios permanentes y, en vez de evitarse las nuevas contrataciones, los cargos liberados se van llenando de vuelta con la clientela política, en mucho casos, y con “nepobabies” (hijos y parientes de las autoridades) con millonarios sueldos.
Retiro incentivado para contratados
El proyecto de ley de PGN 2025 en el articulado contempla para el personal contratado un programa de retiro incentivado, aunque en los decretos que reglamentan el presupuesto ya se dispone de este mecanismo desde hace unos años, incluso el MEF había abierto esa posibilidad a fin del año pasado, pero no se conoce antecedentes de su implementación.
La normativa propuesta para el próximo año dispone que en el marco del reordenamiento y aprovechamiento efectivo del capital humano administrativo con vínculo temporal en calidad de personal contratado por unidad de tiempo, organismos y entidades del Estado (OEE) podrán establecer un programa de retiro para el personal contratado.
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El retiro se destinará al personal contratado que en el ejercicio fiscal 2025 tenga una vinculación en tal carácter de al menos 10 años de servicios ininterrumpidos, y cumpla al menos 60 años de edad en el transcurso del referido ejercicio, dispone el proyecto de ley.
Añade que el programa se aplicará de acuerdo con el reglamento a ser establecido para el efecto, siempre y cuando que los organismos del Estado tenga disponibilidad presupuestaria al efecto de su implementación.
Exceptuados de los concursos
En cuanto a la desprecarización laboral para el personal contratado, el proyecto de ley de PGN 2025 dispone que se realizará en base al procedimiento a ser establecido en la reglamentación de la presente ley y exclusivamente para aquellas personas contratadas incorporadas por concurso, que cuenten como mínimo con 4 años ininterrumpidos de servicio en relación de dependencia con el mismo organismo o entidad del Estado, sujeto a la aplicación de la ley vigente que rija a la función pública, cuando corresponda.
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A esta disposición para el próximo año, que es igual a la vigente en este 2024, se incorpora un párrafo que dice lo siguiente: “Exceptuase del requerimiento de incorporación por concurso, los contratos realizados antes del ejercicio fiscal 2014″, indica.