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Numerosas dudas se generan en el sector de los trabajadores, con relación a lo expresado por el Presidente de la República, Santiago Peña que plantea reformar nuestro Código Laboral para aparentemente eliminar la estabilidad laboral.
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Sobre el punto, la ministra de Trabajo, Mónica Recalde se refirió a esta propuesta del Poder Ejecutivo. En ABC TV comentó que el artículo 94 de la Constitución Nacional consagra la estabilidad.
“El derecho a la estabilidad del trabajador queda garantizado dentro de los límites que la ley establezca, así como su derecho a la indemnización en caso de despido injustificado”, indica la Carta Magna del Paraguay.
Recalde expresó que existen dos tipos de estabilidad. La primera se produce pasado el periodo de prueba y la segunda cuando el colaborador alcanza los 10 años de contratado. Dijo que solo en nuestro país y en Venezuela existe el procedimiento con este alcance.
Recalcó la necesidad de la reforma porque, el actual Código rige desde los años `60 del siglo pasado y tuvo algunas modificaciones en los `90. Lamentó que en estos tiempos se judicializan los despidos y estos litigios duran al menos siete años, perjudicando a los trabajadores por el pago de honorarios a abogados.
Como ejemplo de la realidad, mencionó que aquellos que tienen 45 años de edad, son los más afectados cuando están a punto de llegar a los 10 años de empleo en una empresa. “Se distorsiona la norma con la expulsión del mercado laboral”, manifestó.
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Ministra resaltó que derechos de trabajadores serán inalterables
“La estabilidad permanecerá en esta reforma y en el debate vamos a explicar la reglas. Nuestro foco está en los derechos y cuestiones que le favorecerán a los empleados”, indicó.
Puso énfasis en la estadística que del 2015 a 2023, los que no llegaron a la estabilidad son un 10% y fueron desvinculados, lo que les impide seguir aportando para la jubilacion.
“No somos un Gobierno de antiderechos, queremos la protección y no queremos que el trabajador pierda el empleo. Los derechos del empleado serán inalterables”, puntualizó.
El objetivo es proteger la continuidad del empleo y que los obreros, tengan mejores condiciones en contratos y licencias y que el MTESS tenga mayores posibilidades para intervenir en las empresas y sancionarlas, sostuvo Recalde.