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El gobierno de Santiago Peña (ANR cartista) puso el último viernes del mes de agosto a consideración del Congreso, el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2025.
El monto solicitado asciende a G. 132,8 billones (US$ 17.557 millones), que representa un aumento de G. 16,3 billones (US$ 2.153 millones) y equivale a 14% más que el presupuesto aprobado inicialmente para el presente ejercicio.
La propuesta contempla la emisión de bonos del Tesoro por un monto total de US$ 713,1 millones para financiar parte de los programas presupuestados, principalmente deudas.
El proyecto no solo incluye esta emisión del Tesoro, sino también la autorización para que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) emita bonos sin garantía del Estado en el próximo año.
La intención de emitir había sido adelantada por el presidente de la empresa estatal, Félix Sosa, en marzo del año pasado y reiterada a fines de agosto último, lo que ahora se confirma en el proyecto de PGN 2025.
La ANDE tiene asignado como presupuesto para el año venidero G. 14,8 billones (US$ 1.958,3 millones), lo que representa un incremento de 24,5% con relación al presupuesto vigente 2024.
Emisión de bonos de la ANDE
El paquete incluye la emisión de bonos sin garantía del Estado hasta el monto total de G. 1,5 billones (US$ 198,1 millones al cambio presupuestado), en el marco de lo que dispone la Ley N° 1535/1999 de Administración Financiera del Estado.
Al respecto, el artículo del proyecto de ley menciona que la emisión y colocación de bonos podrá realizarse en el mercado local, así como en el internacional.
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“Las tasas de interés, plazos, monedas y otras condiciones financieras específicas, serán determinadas por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y sustentadas en estudios técnicos”, añade.
Además, dispone que la ANDE deberá contar con la autorización del Equipo Económico Nacional respecto a su decisión de emitir bonos.
“Los recursos obtenidos de la emisión y colocación de Bonos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), serán destinados exclusivamente para el cumplimiento de los fines de la Entidad, establecidos en su carta orgánica, Ley N° 966/64 y su modificatoria, la Ley N° 2199/2003″, indica.
La empresa estatal establecerá los mecanismos operativos y actos de disposición requeridos para la emisión, circulación, colocación, negociación y/o renegociación y rescate de los bonos.
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A fin de efectuar la emisión de los bonos, se autoriza a la ANDE a suscribir y otorgar documentos, a formalizar actos, contratos y acuerdos, a realizar las diligencias necesarias y convenientes para obtener el financiamiento.
En ese sentido, indica que se le faculta a estipular cláusulas, obligaciones, compromisos, declaraciones, garantías, indemnizaciones, renuncias, cláusulas de impago, cláusulas de rescisión anticipada y otras causales específicas de incumplimiento y recursos con respecto a las referidas causales específicas.
También se autoriza a la estatal a abonar todos los gastos en los que eventualmente podrían incurrirse para la emisión de los bonos, referentes a honorarios y gastos de la oferta, incluyendo los honorarios y gastos de suscripciones, asesoría legal, entre otros.
Colocación en mercado loca o internacional
El proyecto de ley establece que la emisión y transacción de los bonos en el mercado nacional, estarán sujetas a las leyes nacionales y sometidas a la jurisdicción de los tribunales de la República del Paraguay, Circunscripción Judicial de la ciudad de Asunción.
Para la transacción de bonos en el mercado internacional, sin embargo, se podrá acordar prórroga de la jurisdicción y la aplicación de leyes extranjeras. “En estos casos, podrá renunciar a oponer en su defensa la inmunidad de soberanía”, dispone el artículo.
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El proyecto de ley de presupuesto, finalmente, establece que las contrataciones a ser efectuadas en el marco de lo establecido precedentemente se entenderán comprendidas en lo dispuesto en el artículo 14, inciso g) de la Ley N° 7021/2022 “De Suministro y Contrataciones Públicas”.
El referido artículo dispone las contrataciones excluidas de la aplicación de la ley de suministro y contrataciones públicas, y el inciso g) dice lo siguiente: Las afectadas a las operaciones de crédito público, de regulación monetaria, financiera y cambiaria y en general, a las operaciones financieras.
La pregunta que deberán responder las autoridades es si la entidad tiene la capacidad financiera para abonar esta deuda con sus recursos o deberá ajustar la tarifa para poder cumplir, atendiendo que Sosa siempre menciona que es una tarifa política y no técnica la que se aplica.
Acuerdo con FMI habla de tarifas
En el acuerdo firmado por el gobierno de Peña con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para la implementación del programa “Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad”, se establece un paquete de obligaciones a cumplir por la ANDE.
Según el documento remitido al Congreso como medidas de reformas en el marco del acuerdo, se menciona una auditoría independiente para la ANDE, estudio técnico para establecer costos eficientes.
“ANDE publicará una auditoría externa y estudio de valores de referencia internacionales para sus costos en distintos segmentos de sus operaciones y parámetros de eficiencia a través de una firma internacional de reconocida trayectoria en ese ámbito”, indica.
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En otro punto señala un “mecanismo de adecuación de tarifas”, que dispone que la ANDE desarrollará, publicará, y gradualmente adoptará metodologías transparentes y específicas para adecuar las tarifas eléctricas en línea con la Ley N° 966/1964, “Que crea la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) como Ente Autárquico y establece su carta orgánica”, considerando costos operativos, costos financieros de las necesidades de capital previstas para preservar y expandir la matriz de electricidad limpia, y ganancias de eficiencia basadas en los resultados de la auditoría externa y estudio y la evolución de las pérdidas en el plan.
Otro punto citado es la reducción de pérdidas y tarifas eléctricas dinámicas y en ese contexto, explica que la ANDE, conjuntamente con el Viceministerio de Minas y Energía, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), diseñarán, elaborarán y publicarán un plan para la reducción de pérdidas de ANDE con objetivos cuantitativos, que deberá ser adoptado de manera gradual, con la instalación de 20.000 medidores inteligentes para reducir las pérdidas no técnicas de electricidad.
También señala que la ANDE “implementará progresivamente tarifas horarias/dinámicas” y “aumentará sus fiscalizaciones contra el robo de energía en 10% respecto al mismo período del 2023″.