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Al cierre del 2023, la diferencia se ubicó en alrededor de G. 970.000 entre el salario de un maestro de grado, que recibió G. 3.650.202 por cuatro horas de clases impartidas de lunes a viernes y un empleado, cuya remuneración fue de G. 2.680.373 por 8 horas trabajadas, de acuerdo con antecedentes y datos del Banco Central del Paraguay (BCP).
En 2016, los docentes ganaban unos G. 140.000 por debajo del salario mínimo legal de ese año de G. 1.964.507. Un año después, la brecha se había acortado a G. 34.662, tras el aumento salarial del 10% aplicado en el marco del acuerdo para alcanzar el salario básico profesional mediante una escala gradual suscrito entre los docentes y el Gobierno. Desde entonces, y a excepción de la pandemia, los incrementos han sido considerados e implementados en 16%.
En 2018, la remuneración de un maestro era de G. 214.933 superior con respecto al salario básico de un trabajador. En el año 2019 la diferencia se ubicaba en G. 507.055 y durante el 2020 se mantuvo sin variación alguna. Durante el año 2021 se retoma el proceso del acuerdo, pero se realiza de manera parcial, dado que las finanzas públicas seguían fuertemente golpeadas por la crisis sanitaria. Aún en ese escenario, el incremento salarial fue de 11%, con lo cual un docente percibía G. 707.558 más que un trabajador y en el 2022, se dio por completado el porcentaje de reajuste con el 5% para una diferencia de G. 596.419 con relación al salario mínimo legal, mismo que es reajustado conforme a la inflación desde el año 2016 y que durante pandemia no fue aplicado. En el 2022, el salario de un docente era de G. 3.146.726 frente a los G. 2.550.307 de un trabajador, tal como se puede observar en el gráfico.
Desde el año 2016 al año 2023, el aumento salarial para los docentes ha sido de G. 1.826.147, mientras que para los trabajadores con salario mínimo legal fue de G. 715.866.
Impacto en las finanzas públicas
Datos oficiales daban cuenta de que la aplicación del incremento del 16% le costaba al Estado más de US$ 100 millones, como ocurrió entre los años 2021 (US$ 20 millones por acuerdo en octubre) y 2022 (alrededor de US$ 80 millones) con la aplicación parcial del reajuste. Al suponer este mismo impacto en las cuentas públicas, los aumentos en los últimos años ya habrían superado US$ 500 millones en gasto rígido (no puede ser recortado) que se incorpora al presupuesto y que debe ser respondido con ingresos tributarios.
Conforme con datos expuestos en el portal del Ministerio de Educación y Ciencias, del presupuesto total asignado (sin transferencias a Entidades Descentralizadas) para este año 2024, de G. 9,079 billones, el 89,6% representa el componente de Servicios Personales. Es decir, se contempla para el pago de remuneraciones básicas, temporales, asignaciones complementarias, personal contratado, remuneraciones por servicios en el exterior y otros gastos de personal (Clasificador presupuestario).
En los últimos años, las finanzas públicas se encuentran en un proceso de reacomodo. El aumento de las recaudaciones tributarias está permitiendo la convergencia al límite de 1,5% de déficit fiscal establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal; sin embargo, la calidad del gasto sigue siendo una materia pendiente. En este contexto, surge el planteamiento desde la cartera educativa de un aumento de su presupuesto de US$ 200 millones en el 2025 para el cumplimiento de las demandas de los gremios docentes de infraestructura escolar y el incremento salarial de directores generales del MEC.
Las necesidades siempre serán múltiples, así como la urgencia de respaldar reconsideraciones salariales que deben estar sujetas al constante proceso de formación y carrera del plantel docente en todo el país.
* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones