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Como parte del operativo Alto Paraná 1 de la ANDE, que busca reducir las pérdidas eléctricas y la morosidad, entre el miércoles y jueves último intervinieron cuatro suministros con conexiones irregulares. Tres de ellos estaban dedicados a la criptominería en baja tensión, uno de ellos ubicado en un centro de oración o iglesia, y una conexión irregular en media tensión de una fábrica recicladora. Los lugares intervenidos se encuentran ubicados en los municipios de Hernandarias y Ciudad del Este, en el departamento de Alto Paraná.
Con las acciones realizadas se logró evitar daños patrimoniales por un monto de G. 468.297.949, resaltó la empresa estatal de electricidad.
Tras un recuento de la institución, indicaron que la primera intervención la hicieron ayer, en el barrio Nuestra Señora de la Asunción, de Hernandarias. “Corresponde a una derivación antes del medidor, oculta dentro de mampostería. Se trata de un medidor trifásico que abastecía a un comercio y actividades de criptominería en baja tensión, ubicado dentro del predio de un centro de oración o iglesia”, informaron.
Ante la comprobación de esta irregularidad, se intervino y se retiró la acometida. Este hecho representa un daño patrimonial estimado en G. 99.338.089.
El segundo caso detectado e intervenido, también ayer, fue un suministro que no es cliente de la ANDE, es decir no posee NIS. Contaba con conexión directa sin medidor, con sistema trifásico y conductores de aluminio preensamblados. La vivienda está ubicada en el kilómetro 9, lado Monday, de Ciudad del Este y se encontraba cerrada, pero aún así pudieron comprobar que su actividad era la criptominería en baja tensión.
Una vez detectada la sustracción de energía eléctrica, se encontró en la propiedad un total de 18 equipos procesadores para minería de criptoactivos, un tablero eléctrico para la distribución y alimentación de los equipos y otros accesorios. Especificaron que todo lo hallado consta en el acta y que serán puestos a disposición de la Fiscalía. Está irregularidad representa un daño patrimonial estimado en G. 116.959.139.
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Así también, el miércoles último realizaron dos intervenciones. Una de ellas fue al suministro con NIS 1798575, a nombre de la Adelaida Casco de Echeguren, ubicado en el barrio Mariscal López de Hernandarias. Esta conexión contaba con una derivación antes del medidor, oculta dentro de la mampostería y estaba destinada a la actividad de criptominería en baja tension.
Durante el procedimiento, la ANDE indicó que se comprobó que el medidor solo registraba el consumo del comercio y que toda la energía consumida por los equipos de criptominería provenía de la derivación que situada antes del medidor, que representa un daño patrimonial de G. 113.438.161.
Este operativo estuvo a cargo del agente fiscal Alcides Giménez, quien llevó a cabo el allanamiento correspondiente, donde fueron incautados 28 procesadores de criptoactivos, conductores de acometida y los tableros eléctricos ubicados dentro de la propiedad. Los equipos incautados fueron trasladados al depósito de ANDE en Ciudad del Este, por disposición fiscal.
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En otro operativo, realizado el 28 de agosto, se intervino la conexión que corresponde al suministro con NIS 2636555, a nombre de Moacir Do Nascimento, servido en media tensión y ubicado en el kilómetro 10 Acaray, de Hernandarias. En este lugar detectaron la manipulación del sistema de medición en los conductores secundarios del transformador de corriente, con la referencia de corriente del lado secundario, entre el equipo de medición primario y el medidor cortado en fase 1.
“En estas condiciones, el medidor no registraba carga (corriente lado primario en fase 1) I1 = 6,5 A, y la actividad del local corresponde a una fábrica de plásticos – recicladora. Al ser confirmado el delito de sustracción de energía eléctrica, se procedió a la intervención y posterior regularización del conexionado del sistema de medición”, detalló la ANDE. Con esta intervención indicó que se evita un daño patrimonial estimado en G. 138.562.560.
Los responsables de estos delitos deberán abonar el daño patrimonial correspondiente a la energía no facturada, además de los gastos por intervención y las multas según aplicación de la Ley N° 966/64.
En los procedimientos efectuados, la ANDE realizó las denuncias formales ante la Fiscalía Penal N° 8 de Ciudad del Este por el delito de sustracción ilegal de energía eléctrica en el marco de la Ley N° 7300/2024 del Paraguay, que “protege la integridad del sistema eléctrico y dispone la incautación y comiso de bienes asociados a hechos punibles” y modifica el artículo 173 de la Ley N° 1160/1997 Código Penal. Los involucrados en estos hechos se exponen a un pena carcelaria de hasta 10 años.