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El proyecto de ley “Que aprueba una línea de financiamiento en Derechos Especiales de Giro bajo el programa ‘Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad’ del Fondo Monetario Internacional”, fue puesto a consideración del Senado en el mes de julio y girado a cinco comisiones para su dictamen correspondiente.
La propuesta no solo requiere la aprobación del préstamo, sino también de otorgar al Ejecutivo facultades para realizar ampliaciones presupuestarias, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para la utilización de los recursos aprobados, equivalente a una línea de financiamiento de hasta 302.100.000 Derechos Especiales de Giro (DEG), lo que representan unos US$ 400 millones.
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Luego de la revisión realizada de los compromisos de reformas establecidos en el acuerdo, en junio del presente año el FMI liberó el primer desembolso de 75,5 millones de los DEG, que equivalen a US$ 100 millones.
Anexo de reformas
El proyecto que está en estudio en las comisiones de la Cámara Alta incluye un anexo en donde se enumeran las reformas que deberá ejecutar el gobierno paraguayo para cumplir con el acuerdo con el FMI, que en total son 13.
Las reformas apuntan a diversas áreas, como inversión y actividades económicas ambientalmente sostenibles, riesgos relacionados al clima, energía renovable, tarifas de la ANDE, impuesto al carbono, transporte eléctrico, entre otros.
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Según el mensaje del Ejecutivo, una medida de reforma puede consistir en una medida o acción de política única o en un conjunto de medidas o acciones estrechamente relacionadas que constituyan una única reforma.
“En los casos en que una medida incluya varias medidas o acciones, el desembolso correspondiente solo se activará una vez que todas las medidas se hayan cumplido”, aclara sobre el desembolso de los recursos.
Revisión periódica
A raíz de ello, añade el Ejecutivo, la ley adjunta un anexo en donde se detallan cada una de las medidas de reforma que el Gobierno Nacional tiene la intención de implementar para alcanzar los objetivos del SRS, las que serán revisadas periódicamente por el directorio ejecutivo del FMI, para evaluar la implementación del programa, es decir, si las medidas o acciones que están siendo llevadas a cabo van por buen camino o si es necesario ajustarlas a la luz de nuevos acontecimientos.
Explica que las revisiones tendrán lugar, una vez que haya pasado la fecha prevista de finalización de una medida de reforma y la fecha de disponibilidad del desembolso correspondiente.
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Señala que la duración del SRS es de 2 años, pero vence cuando se hayan desembolsado al Paraguay la totalidad de los recursos financieros que proporciona el FMI bajo el referido programa.
“Es así como en esta iniciativa la aprobación de una línea de financiamiento se encuentra articulada y sincronizada con el programa SRS del FMI, para mantener la estabilidad macroeconómica del país, seguir avanzando en nuestra ambiciosa agenda de reforma estructural, construir una mayor resiliencia socioeconómica y movilizar recursos financieros para apoyar los esfuerzos de contener los riesgos climáticos para el sector financiero, preservar y expandir la matriz de electricidad limpia del país y conservar los bosques”, indica el mensaje.
Compromiso de reformas
En el anexo que acompaña el proyecto de ley enumera las reformas a ser implementadas, por ejemplo tres del listado fueron modificados por decreto para la primera aprobación, que guardan relación al registro de usuarios de biomasa y protocolos de intervención conjunta; fortalecimiento del Instituto Forestal Nacional (Infona); así como la captura de emisiones de metano.
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Los demás puntos incluyen: enfoque de gestión de la inversión pública orientado hacia proyectos que sean económica y ambientalmente sostenibles; taxonomía verde; incorporación de riesgos relacionados con el clima en el marco de evaluación de riesgos del sector financiero; energía renovable no convencional.
También auditoría independiente para la ANDE, estudio técnico para establecer costos eficientes; mecanismo de adecuación de tarifas; eficiencia energética; reducción de pérdidas y tarifas eléctricas dinámicas; impuesto al carbono sobre combustibles líquidos; electrificación del transporte privado y autobuses eléctricos públicos.