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El proyecto de ley “Que aprueba una línea de financiamiento en Derechos Especiales de Giro bajo el programa ‘Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad’ del Fondo Monetario Internacional”, fue presentado por el Poder Ejecutivo en el mes de julio ante la Cámara de Senadores, presidido por el senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR cartista).
Luego de que dieran entrada al proyecto en una sesión extraordinaria, el documento firmado por el presidente de la República y el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, fue girado a cinco comisiones para su estudio y dictamen correspondiente.
La lista incluye a las comisiones de: Hacienda y Presupuesto; Obras Públicas y Comunicaciones; Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible; Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado; y la Comisión Nacional de la Defensa de los Recursos Naturales.
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FMI aprobó en diciembre
En diciembre del año 2023, el FMI aprobó el acceso de nuestro país al programa “Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS)”, que permite obtener recursos por un monto total de 150% de su cuota, equivalente a una línea de financiamiento de hasta 302.100.000 en Derechos Especiales de Giro (DEG), que representan unos US$ 400 millones.
Luego de la revisión que hicieron de la evolución de los compromisos de reformas establecidos en el acuerdo, en junio del presente año, 2024, el FMI liberó el primer desembolso de 75,5 millones de los DEG, que equivalen a aproximadamente a US$ 100 millones.
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La entidad monetaria irá desembolsando los fondos en la medida que el gobierno paraguayo cumpla con las reformas acordadas, en los plazos previstos, hasta completar los US$ 400 millones comprometidos.
El préstamo fue otorgado en las siguientes condiciones financieras: 20 años de plazo, incluyendo 10 años y medio de gracia; tasa de interés que, sumando el margen de 95 puntos básicos sobre la tasa de DEG y 50 puntos básicos por comisiones, se sitúa en torno al 5,46% anual.
Excepciones solicitadas al FMI
El proyecto de ley que está a consideración del Senado, propone la asignación al Tesoro Público, en carácter de excepción a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Nº 489/1995, “Carta Orgánica del Banco Central del Paraguay” y su modificatoria, en las respectivas cuentas del MEF habilitadas en el Banco Central del Paraguay (BCP) para el efecto, independientemente a su fecha de conversión.
Los recursos, dispone el proyecto de ley, serán para financiar los requerimientos de los presupuestos anuales generales de la Nación, destinados al gasto de capital y aquellos previstos en el artículo 40 de la Ley N° 1535/1999, “De Administración Financiera del Estado”.
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El referido artículo 40 señala que se entenderá por crédito público la capacidad que tiene el Estado de captar recursos financieros para realizar inversiones productivas, para atender casos de evidente necesidad o emergencia nacional, para reestructurar su organización o para refinanciar sus pasivos, incluyendo los intereses, comisiones y gastos respectivos. “Se prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes”, establece.
Además, el proyecto de ley faculta al BCP, en su carácter de banquero y agente financiero del Estado paraguayo, a llevar a cabo las transacciones y operaciones que sean necesarias para dotar de liquidez a la totalidad de los DEG, en su equivalente en el tipo de moneda solicitada por el MEF.
Sin trámite parlamentario
El proyecto igualmente dispone que la línea de financiamiento aprobada por la presente ley no requerirá el trámite previsto en el artículo 43 de la Ley N° 1535/1999, “De Administración Financiera del Estado” y su modificatoria, con excepción del dictamen de la Contraloría General de la República y del BCP.
La ley de administración financiera, en el artículo 43, dispone que una vez formalizado el contrato de empréstito, el Ejecutivo lo remitirá al Congreso para su consideración. “Los contratos de empréstito serán válidos y exigibles sólo en caso de ser aprobados por ley del Congreso”, deja en claro.
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“A tales efectos, el Ministerio de Economía y Finanzas será responsable del servicio de la deuda pública y de cualquier otro compromiso financiero al tipo de cambio vigente en el Banco Central del Paraguay, en base a lo previsto en el Anexo II de esta ley”, indica.
Ampliación por decreto
El proyecto de ley también establece que el Ejecutivo, a través del MEF, con carácter de excepción con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley N° 1535/1999, “De Administración Financiera del Estado”, y su modificatoria, a proceder a la ampliación de los ingresos, gastos y financiamiento dentro del Presupuesto General de la Nación a partir de la vigencia de la presente ley, a los efectos de realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para la utilización de los recursos asignados.
“Todas las modificaciones y reprogramaciones presupuestarias que sean realizadas para acceder a los recursos financieros bajo el SRS estarán enmarcadas dentro del tope del déficit fiscal establecido en cada ejercicio fiscal”, agrega el proyecto.
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El artículo 23 de la ley de administración financiera establece que las modificaciones de la ley del Presupuesto General de la Nación, que impliquen la ampliación de los gastos previstos, deberán asignar explícitamente los recursos con que se sufragará la ampliación.
“Los recursos provenientes de operaciones de crédito serán incorporados al Presupuesto General de la Nación correspondiente al ejercicio en que la referida operación se hubiere concretado. A tal efecto, el Poder Ejecutivo remitirá al Congreso el proyecto de ampliación presupuestaria acompañando al pedido de aprobación del respectivo convenio de crédito”, indica el artículo de la ley que el gobierno del presidente Peña quiere exceptuarse de cumplir.
Tope de déficit fiscal
El presidente de la República, en el mensaje que acompaña el proyecto de ley, explica que en el marco del plan de convergencia fiscal anunciado en el 2023, resulta sumamente importante resaltar que, aunque la iniciativa contempla la autorización del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, para realizar las adecuaciones presupuestarias que sean necesarias para el financiamiento de los objetivos previstos en el SRS, incluyendo ampliaciones con carácter de excepción con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley N° 1535/1999, “De Administración Financiera del Estado” y su modificatoria; este mecanismo de financiamiento no implica un cambio en los topes de déficit anunciados para el periodo 2024-2026.
“Es decir, todas las modificaciones y reprogramaciones presupuestarias que sean realizadas para acceder a los recursos financieros bajo el SRS estarán enmarcadas dentro del tope del déficit fiscal y no afectarán al nuevo plan de convergencia fiscal, que contempla el compromiso del Gobierno Nacional de volver en el 2026 al déficit de 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal, esto tras concluir el 2024 en un nivel de 2,6% y 1,9% en el próximo año”, asegura.
Refuerza su argumento señalando que la aprobación de una línea de financiamiento se encuentra articulada y sincronizada con el programa SRS del FMI, para mantener la estabilidad macroeconómica del país, seguir avanzando en la ambiciosa agenda de reforma estructural, construir una mayor resiliencia socioeconómica y movilizar recursos financieros para apoyar los esfuerzos de contener los riesgos climáticos para el sector financiero, preservar y expandir la matriz de electricidad limpia del país y conservar los bosques.