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El impuesto forma parte del paquete de reformas comprometidas por el gobierno paraguayo dentro del programa “Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad”, acordado con el FMI.
Las reformas ejecutadas íntegramente permitirá al país acceder a un préstamo total de US$ 400 millones, del cual los primeros US$ 100 millones ya fueron desembolsados en junio pasado.
El gobierno para la utilización de los recursos presentó en el mes de julio el proyecto de ley “Que aprueba una línea de financiamiento en Derechos Especiales de Giro en el marco del programa ‘Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad’ del Fondo Monetario Internacional”.
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El proyecto de ley viene acompañado de un anexo que enumera el paquete de reforma comprometida, que incluye 13 medidas a ser ejecutadas para que pueda recibir la totalidad del crédito disponible para mantener la estabilidad macroeconómica del país, seguir avanzando en la agenda de reforma estructural.
También para construir una mayor resiliencia socioeconómica y movilizar recursos financieros para apoyar los esfuerzos de contener los riesgos climáticos para el sector financiero, preservar y expandir la matriz de electricidad limpia del país y conservar los bosques, refiere el mensaje del Ejecutivo.
Impuesto al carbono
La lista de reformas acompaña el proyecto de ley y una de ellas, es el “impuesto al carbono sobre combustibles líquidos”.
El resumen explica que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), “impulsarán y promoverán la implementación de un impuesto sobre el carbono, en sustitución al impuesto selectivo al consumo que, actualmente, grava la importación de los combustibles derivados del petróleo”.
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El Impuesto Selectivo al Consumo es un impuesto indirecto que grava, no solo la importación de combustibles, sino también tabacos, cigarrillos, esencias y similares, bebidas, productos de alto contenido calórico y otros bienes, así como la primera venta a cualquier título los bienes mencionados, cuando sean de producción nacional, dice la DNIT.
Con respecto al acuerdo con el FMI solo mencionan los combustibles, por lo que se presume que para los demás productos no serán modificados. Se desconoce cómo se realizaría y que implicaría el cambio, pero en este contexto vale la pena recordar que el presidente Peña había prometido que durante su gobierno no iba a aumentar ni crear impuestos.
Antecedentes en 2023
No dan mayores detalles del referido impuesto, pero como antecedentes se puede mencionar que el año pasado, cunado finalizaba el gobierno de Mario Abdo Benítez (ANR), ya se hablaba en forma general de algo parecido, pero el entonces ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, descartó su aplicación.
El informe sobre riesgos fiscales, en su capitulo sobre “Cambio Climático y Desastres Naturales”, presentaba un análisis de los impactos y riesgos potenciales derivados de los cambios en las condiciones climáticas de Paraguay y en desastres naturales, sobre todo considerando la exposición de la economía a través del sector agropecuario.
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Como medidas de mitigación y gestión de riesgos, el informe elaborado por el entonces Ministerio de Hacienda, hoy Economía y Finanzas, y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señalaba que es prioridad para el gobierno paraguayo reducir su exposición y vulnerabilidad a los desastres naturales asociados con el cambio climático.
En ese contexto, refería que en el proceso de paliar los efectos del cambio climático y cumplir con los compromisos acordados, el rol de la autoridad fiscal debiese apuntar a incrementar el precio de las emisiones de carbono para incentivar a personas y empresas a reducir su uso y pasar a fuentes de energía limpia.
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Sobre el punto mencionaba que en esta línea de acción se dispone de algunas herramientas que el FMI había publicado en 2019. Señalaba entonces que los impuestos sobre las emisiones de carbono son los instrumentos más poderosos y eficientes si se logra aplicar de forma equitativa y favorable al crecimiento.