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El presidente de la República, Santiago Peña (ANR cartista), cumple hoy su primer año de gobierno, entre críticas y aplausos de referentes de los sectores económicos, políticos y de la ciudadanía en general.
ABC solicitó al respetado economista y exministro de Hacienda, César Barreto, una evaluación de la gestión del mandatario, que asumió el cargo el 15 de agosto de 2023.
Barreto, que fue ministro de Hacienda entre 2007 y 2008 durante el gobierno del presidente Nicanor Duarte Frutos, afirmó que desde el punto de vista económico este primer año fue positivo, porque el gobierno avanzó en algunas reformas importantes.
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Citó como ejemplos de reformas la creación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, así como otras que están en proceso como el proyecto de ley del servicio civil.
Grado de inversión otorgado por Moody’s
A criterio del exministro se logró ordenar en gran medida las finanzas públicas, poniéndose al día con los atrasos con proveedores y la definición de un nuevo plan de convergencia fiscal con alta probabilidad de cumplimiento si observamos los resultados fiscales del primer semestre.
“Esta determinación mostrada por el Gobierno de Peña sumada a las mayorías que tiene en el Congreso han fundamentado el grado de inversión, que sorpresivamente nos otorgó la calificadora internacional de riesgos Moody’s días atrás, un hecho trascendental para las perspectivas de inversión y crecimiento económico del país en los próximos años” aseguró.
Reforma de Caja Fiscal e IPS pendientes
Barreto, sin embargo, criticó las excesivas intervenciones del Estado en algunos sectores económicos de importante presencia del sector privado, como el de la importación y distribución de combustibles en donde se generó confusión en los sectores afectados con relación a cuál es la política del gobierno en relación a ellos.
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Además, destacó el poco avance en la reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones o Caja Fiscal del sector público, así como en definir un plan respecto al altamente deficitario y deficiente programa de salud del Instituto de Previsión Social (IPS), “ambos de gran impacto fiscal, así como para la población afectada”, puntualizó.