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La Organización de Pasajeros del Área Metropolitana (Opama) se refirió ayer a la inversión inicial de US$ 300 millones que se está previendo y que provendrán de Itaipú, para implementar el plan de transformación del transporte público de pasajeros, cuyo proyecto de ley sigue sin ser socializado.
“Una reforma del transporte público sin pasajeros no es una reforma. Es más de lo mismo, complicidad entre Gobierno y empresarios”, expresó Griselda Yúdice, vocera del gremio.
Al mismo tiempo resaltó que están preocupados por el monto de inversión prevista, ya que no son informados respecto a lo que se hará. “No sabemos con certeza en qué y cómo se invertirá. Tenemos antecedentes de mal uso del dinero público como el proyecto de metrobús y la adquisición de buses a finales de la década de los ‘90, cuando justamente el BNF (Banco Nacional de Fomento) entregó créditos para renovación de flota, que hasta ahora es un clavo para el Estado”, enfatizó.
A la vez señaló que desde el Gobierno de manera dispersa anuncia en reuniones y a través de la prensa de la instalación de refugios o paradas así como de la adquisición de buses, pero que no han accedido a ningún documento que dé certeza respecto a lo que se invertirá.
“Como Opama tenemos muchas dudas que exigimos sean disipadas con documentos y con mecanismos de control y transparencia, porque se trata de dinero público para garantizar el derecho a la movilidad de la ciudadanía”, enfatizó.
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Reforma no puede responder a intereses de empresarios
Al mismo tiempo, Yúdice enfatizó que la reforma “no puede solo responder a intereses de los empresarios y su aumento de margen de ganancia”, sino que “debe responder a los intereses de pasajeros con cambios que mejoren el servicio principalmente”.
También resaltó que hasta ahora el plan de transformación del transporte público sigue siendo “puras palabras, promesas, anuncios grandilocuentes”, ya que “ni un borrador del plan se socializó hasta ahora con la ciudadanía”.
El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, señaló que los US$ 300 millones previstos se irán invirtiendo a lo largo de cuatro años del Gobierno de Santiago Peña y que se utilizará principalmente para la compra de 1.000 buses, de los cuales se tendrá una importante flota de colectivos eléctricos, por lo que también se apostará en los puntos de recargas de las baterías de la flota (electrolineras).
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Fernández resaltó que la provisión de la flota de buses y la operación se realizarán a través de contratos separados, que “dará versatilidad al proceso de inversión”. En este sentido, enfatizó que los permisos de provisión de buses y de operación se harán a través de licitaciones. “Con esto se logrará que no se perpetúen operadores que no son controlados por calidad o desempeño”, expresó.
Pero admitió que no se definió la modalidad en la que se adquirirán los buses. El viceministro habló de la posibilidad de un contrato sistema de leasing, o sea que se alquilen los buses costeados por el Estado a los operadores de los diferentes itinerarios que se van a adjudicar.
Según el Gobierno, como primer paso del plan de transformación implementarán un plan piloto, con la incorporación de 30 buses eléctricos con el programa de apoyo de la República de China (Taiwán). De acuerdo con los datos de la institución esta reforma no se limita a un solo periodo de gobierno, sino que se establece como una política de Estado. La meta es incorporar 1.000 buses en cuatro años, pero este es solo el comienzo, ya que el cambio será un proceso continuo y sostenido.