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El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), dirigido por Claudia Centurión, sigue esperando que la empresa mexicana Calzada Construcciones SA, adjudicada para la ejecución del lote 3 de la “ruta de la soberanía”, culmine su inscripción como proveedora del Estado, para poder firmar el contrato con esa compañía.
Esto pese a que dicha firma fue notificada de la adjudicación que le benefició el 22 de junio último, pero recién ahora inició los trámites para inscribirse como proveedora del Estado ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Oficialmente sigue sin figurar en los registros.
La empresa pudo participar del llamado en cuestión porque el mismo se rige por la vieja ley Nº 2051, la cual permite que los oferentes se presenten sin estar registrados. Con la nueva ley Nº 7021 esto ya no es posible, por lo que se sospecha que esta licitación se habría apurado para que justamente dicha empresa pueda participar con la normativa anterior.
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A Calzada Construcciones le entregaron el lote 3 de la obra, por G. 384.595 millones, pese a que fue sancionada en Perú “por su responsabilidad al haber presentado documentos falsos e información inexacta”, en una contratación de dicho país. El titular de la DNCP, Agustín Encina, informó ayer que la empresa presentó su pedido de inscripción “días atrás” y que el mismo “se encuentra en trámite”.
Proceso se rige por la vieja ley de Contrataciones
Encina también aclaró que la convocatoria del MOPC fue realizada bajo la aplicación de la Ley 2051/03, que en su artículo 20 penúltimo párrafo indica: “Las convocantes se abstendrán de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley”.
Así mismo, citó el artículo 111 del decreto 2.992/19, que reglamentó la citada normativa, y establece: “no será requisito la inscripción en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) como condición de oferta”. Asimismo, el director señaló que para la obtención del Código de Contratación “será obligatoria la inscripción en el SIPE, tal como indica el mismo artículo”.
Encina resaltó que en todos los casos, los adjudicados en algún procedimiento de contratación “deben inscribirse al sistema como condición para la obtención del Código de Contratación”. Encina rechazó todas las impugnaciones que se presentaron en contra de la empresa mexicana, justamente por sus antecedentes en Perú, pues en la DNCP “no han tenido el asidero legal suficiente para revertir las adjudicaciones realizadas por el MOPC”.
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Los otros lotes adjudicados
La “Ruta de la Soberanía” se adjudicó en cuatro lotes por un monto de G. 1.453.530 millones, unos US$ 199,1 millones. La adjudicación en cuestión es para el catastro, indemnización, construcción y mantenimiento por niveles de servicio de la pavimentación del tramo Pedro Juan Caballero - Zanja Pyta - Capitán Bado - Itanará - Ypejhú (ID 438.107).
El lote 1 se otorgó al Consorcio TC, conformado por Construpar SA y Tecnoedil SA Constructora, representado por Guillermo Mas y Paul Sarubbi (presidentes de Capaco y Cavialpa respectivamente); por G. 391.554 millones, que presentó la segunda oferta más baja para este lote.
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Por otro lado, el lote 2 de la ruta de la soberanía se concedió al Consorcio TEC, integrado por Ecomipa SA, Concret Mix SA y Tocsa SA, representado por Edgardo Wasmosy, Ruben Darío Bogarin Canale y Sara Blanco de Dose; por G. 349.929 millones, la tercera oferta más barata.
Asimismo, el lote 4 fue otorgado al Consorcio Soberano, constituido por Ingeniería de Topografía y Caminos SA (T&C), Constructora Isacio Vallejos SA y Rovella Carranza SA sucursal Paraguay, por G. 327.452 millones, la cuarta oferta más barata. Este grupo está representado por Francisco Griñó.
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