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La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), cuyo titular es Agustín Encina, rechazó todas las impugnaciones que se presentaron en contra de la primera adjudicación que concretó el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), para el asfaltado de la ruta PY17, conocida también como “ruta de la soberanía”, que abarca los departamentos de Amambay y Canindeyú.
La adjudicación en cuestión de la ministra Claudia Centurión es para el catastro, indemnización, construcción y mantenimiento por niveles de servicio de la pavimentación del tramo Pedro Juan Caballero - Zanja Pyta - Capitán Bado - Itanará - Ypejhú (ID 438.107), que se otorgó en cuatro lotes por G. 1.453.530 millones (US$ 199,1 millones al cambio actual).
En este sentido, la DNCP recibió una denuncia anónima y tres protestas, las cuáles se centraron principalmente en denunciar que uno de los tramos, concretamente el lote 3, se adjudicó a la firma mexicana Calzada Construcciones SA, por G. 384.595 millones, pese a que esta compañía fue sancionada en Perú “por su responsabilidad al haber presentado documentos falsos e información inexacta”, en una contratación de dicho país.
La primera resolución de Encina (Nº 1727), con fecha del 1 de julio último, cerró una investigación de oficio que la institución inició tras una denuncia anónima que recibió. En este documento Contrataciones Públicas avaló todas las justificaciones que brindó el MOPC, institución que alegó que no podía descalificar a la citada firma por un castigo que recibió en el extranjero, pues para ello debía estar sancionado a nivel local o por una institución financiera internacional, según las políticas de Fonplata, financista de la obra.
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No existe delito penal, según MOPC
Respecto a la denuncia de que la empresa extranjera haya evitado mencionar sus antecedentes en Perú en el convenio de integridad que se exigió a los oferentes de este llamado, justamente para evitar la contratación de empresas con antecedentes, la DNCP también acreditó lo argumentado por Obras Públicas. En este sentido, el MOPC justificó que dicho “convenio no es un criterio de evaluación, sino que se trata de políticas de ‘compliance’ destinadas a la ejecución satisfactoria del contrato” y que “es por ello por lo que exige el cumplimiento de normas éticas durante el proceso de licitación y ejecución del contrato”.
Asimismo, la cartera manejada por Centurión sostuvo que la empresa adjudicada “no fue condenada por un delito penal, como requiere la premisa del convenio de integridad”, por lo que no pueden descalificar a la citada firma foránea. Todos estos argumentos fueron considerados por la DNCP para dar cierre a la investigación de oficio.
Por otro lado, a través de la resolución de Nº 1935 (que tiene 94 páginas), con fecha del 18 de julio último, la DNCP también rechazó todas las protestas promovidas sobre este punto y ratificó lo expresado en la anterior resolución, en este caso, dando participación a la empresa Calzada y a los demás oferentes en el proceso.
El titular de Contrataciones, Agustín Encina, señaló ayer a este diario que la institución a su cargo rechazó estas protestas “porque las mismas no han tenido el asidero legal suficiente para revertir las adjudicaciones realizadas por el MOPC”.
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Los lotes adjudicados
La “Ruta de la Soberanía” se adjudicó en cuatro lotes por un monto de G. 1.453.530 millones (US$ 199,1 millones). Sospechosamente, el MOPC sigue sin publicar documentos oficiales de la adjudicación y no se sabe si ya se consumó la firma de los contratos.
El lote 1 se otorgó al Consorcio TC, conformado por Construpar SA y Tecnoedil SA Constructora, representado por Guillermo Mas y Paul Sarubbi (presidentes de Capaco y Cavialpa, respectivamente); por G. 391.554 millones, que presentó la segunda oferta más baja para este lote.
Por otro lado, el lote 2 se concedió al Consorcio TEC, integrado por Ecomipa SA, Concret Mix SA y Tocsa SA, representado por Edgardo Wasmosy, Rubén Darío Bogarin Canale y Sara Blanco de Dose, por G. 349.929 millones, la tercera oferta más barata.
Como ya mencionamos, el lote 3 se adjudicó a la firma mexicana Calzada Construcciones SA, por G. 384.595 millones. Dicha empresa extranjera todavía no está inscripta como proveedora del Estado en el país y además ni siquiera tiene una dirección local. ABC Color intentó contactar con el representante de la empresa, Duperly Rivera, pero hasta ahora no recibimos respuestas.
Por último, el lote 4 fue otorgado al Consorcio Soberano, constituido por Ingeniería de Topografía y Caminos SA (T&C), Constructora Isacio Vallejos SA y Rovella Carranza SA sucursal Paraguay, por G. 327.452 millones, la cuarta oferta más barata. Este grupo está representado por Francisco Griñó.
Lo que señaló Calzada en su contestación ante DNCP
La apoderada legal de Calzada Construcciones SA, Duperly Rivera, realizó una contestación a las protestas ante la DNCP y en la misma señaló que el Comité de Evaluación de Ofertas del MOPC ha dejado de considerar “lesiva” la conducta de la firma Calzada, en relación con la inhabilitación de 37 meses en Perú.
“Pretenden los concurrentes confundir a la DNCP, alegando una supuesta e inexistente omisión al deber de informar una supuesta práctica fraudulenta, cuando lo que ocurrió sencillamente fue un error material en el convenio de integridad, que fue subsanado en tiempo y forma con arreglo a los procedimientos expresamente previstos en los pliegos, por ser este un documento formal”, expresó.
Asimismo, resaltó que la sanción administrativa recibida en Perú no se encuentra firme, pues la empresa ha impulsado los procesos jurisdiccionales que permitirán “dilucidar la verdad de lo acontecido”, y que están “seguros de que concluirá con un fallo favorable a los intereses de Calzada Construcciones S.A. de C.V., que ha sido víctima de un hecho de robo de identidad”.
“Dicha situación fue ampliamente aclarada y sustentada con los documentos correspondientes los cuales fueron de conocimiento de la convocante en respuesta a la solicitud realizada, y que buscaba validar la firma del convenio de integridad. Además, me ratifico en que la empresa no cuenta con ninguna restricción para contratar con el Estado paraguayo, pues la sanción administrativa recibida limita únicamente la posibilidad de contratar en Perú, estando legalmente habilitada la empresa para contratar con cualquier otro”, aseveró.