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La agencia internacional Moody’s en su informe explica los fundamentos de la decisión de elevar la calificación de nuestro país al grado de inversión, también la expectativa que tiene respecto a las reformas encaradas por el gobierno, así como los factores que podrían mejorar o reducir la nota.
El último viernes 26 la referida consultora comunicó que decidió elevar la calificación crediticia de Paraguay, pasando de la anterior Ba1 con perspectiva positiva, a Baa3 con perspectiva estable, correspondiente al grado de inversión.
La entidad refiere que los sucesivos gobiernos priorizaron las reformas institucionales para fortalecer la eficacia de la política fiscal, las instituciones públicas y el control de la corrupción.
Sostiene que un historial de implementación de reformas institucionales, junto con los sólidos marcos de política monetaria y fiscal de larga data de Paraguay, “respaldan nuestra mejor evaluación de la fortaleza de las instituciones y la gobernanza”.
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Expectativa de una consolidación fiscal
Expresa que las expectativas de una consolidación fiscal continua y de la voluntad y capacidad de las autoridades para abordar los riesgos fiscales emergentes son elementos clave detrás de la mejora de la calificación.
La agencia afirma que para lograr una mayor eficiencia en la planificación e implementación de políticas públicas, el gobierno aprobó una nueva ley de contratación pública; estableció una agencia unificada que combina la administración de ingresos nacionales y las de aduanas para fortalecer y optimizar los esfuerzos en la recaudación y gestión de ingresos.
La fusión y otros cambios administrativos facilitaron el intercambio de información y fortalecido la eficacia y eficiencia de la implementación de políticas públicas, añade.
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Considera que se están realizando esfuerzos adicionales para mejorar la estructura de la administración pública y la función pública, y la gestión de los programas sociales.
A criterio de la agencia, estas medidas contribuirán a mejorar la eficacia del gobierno y el control de la corrupción en la prestación de servicios públicos. En tanto, señala que el gobierno también está abordando de manera proactiva posibles riesgos fiscales contingentes y deficiencias administrativas mejorando la supervisión y la gobernanza de las empresas públicas.
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“Mientras tanto, esperamos que la creación de la Superintendencia de Pensiones y la reforma paramétrica del fondo público de pensiones reduzcan los riesgos fiscales”, indica en este último caso en referencia a la Caja de Jubilaciones y Pensiones o Caja Fiscal.
Ley de Superintendencia no se aplica
A pesar de que en diciembre de 2023 el Ejecutivo promulgó la Ley N° 7235/2023, que reglamenta el rol supervisor del Estado a las entidades de jubilaciones y pensiones, la norma continúa sin reglamentación y no se implementa porque no se puede aún conformar el Consejo de Seguridad Social.
Bajo la jurisdicción de la referida superintendencia están el Instituto de Previsión Social (IPS), la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, la Caja de Seguros Sociales de Empleados y Obreros Ferroviarios.
También la Caja Paraguaya de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Itaipú Binacional (Cajubi), la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines (Caja Bancaria), el Fondo de Jubilaciones y Pensiones para los Miembros del Poder Legislativo de la Nación (Caja Parlamentaria), y la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Economía y Finanzas (Caja Fiscal).
Reforma de Caja Fiscal no avanza
En lo que respecta a la Caja Fiscal, el gobierno no presentó aún el proyecto de ley de modificación y aguarda que primero se apruebe en el Congreso el proyecto de ley de la función pública y carrera del servicio civil.
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La Caja Fiscal, mientras espera la decisión política, cerró el primer semestre con un déficit acumulado de más de G. 1 billón (US$ 147,4 millones al cambio presupuestado), que se financia con los impuestos que paga la ciudadanía.
Los números son cada vez más alarmantes mientras se avanza hacía 2027, año en que las proyecciones del Ministerio de Economía prevén que se agoten las reservas y el Tesoro asuma el 100% del pago de las jubilaciones y pensiones de los privilegiados funcionarios.