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Siguen saltando los cuestionamientos al Decreto N° 1.952 del presidente de la República, Santiago Peña, con el cual estableció que los emblemas que comercialicen combustible en la modalidad búnker cuenten con un tanque propio de 16 millones de litros para que puedan vender el producto.
El combustible búnker es el gasoil sin impuesto que se vende a embarcaciones que navegan en las aguas de los ríos Paraná y Paraguay. Si bien las empresas del sector privado tienen un importante tancaje, ninguna posee un tanque que cumpla con la capacidad en cuestión, razón por la cual solo Petropar podrá cumplir con tal exigencia, según denunciaron las empresas del rubro. De esta forma, la petrolera estatal será la principal beneficiada, porque monopolizará este segmento del mercado.
Asimismo, según el decreto, la petrolera pública tuvo gran protagonismo antes de que Peña rubricara el documento, pues el titular de la estatal, Eddie Jara, inclusive remitió una presentación al Ministerio de Economía y Finanzas (SIME M.E.F. N° 35.928/2024), que fueron consideradas en el documento rubricado más adelante. El titular del MEF, Carlos Fernández Valdovinos, y el titular del MIC, Javier Jiménez, refrendaron el decreto el 25 de junio último, que regirá desde el 1 de agosto.
Se intentó conversar ayer con el ministro de Industria, también con el de Economía y Finanzas -que está de viaje en búsqueda del “grado de inversión”- y con la ministra sustituta del MEF, Andrea Picaso, para que expliquen la llamativa participación de Petropar antes de la firma del decreto, pero ninguno respondió. Con esta gestión, Petropar habría desatado un conflicto de intereses, pues como empresa competidora en el mercado de combustibles hizo recomendaciones, las que según denuncian los emblemas privados le beneficiaron.
El director de la Dirección Nacional de Ingresos tributarios (DNIT), Óscar Orué, fue consultado al respecto y señaló que, efectivamente Petropar presentó sugerencias al MEF, pero no quiso explicar cuáles fueron esas sugerencias, ya que indicó que no tenía el expediente que presentó la estatal.
No obstante todo apunta a que Petropar hizo la recomendación que el tanque tenga una capacidad de 16 millones de litros, pese a que es la única firma que puede cumplir con esta exigencia.
DNIT admite que no puede controlar
Orué, asimismo, insistió en que el decreto tuvo su origen en la DNIT y admitió que se exigió un tanque de esa envergadura, de manera a que la institución que administra pueda hacer sus controles con una mayor facilidad y para evitar que ese carburante sin impuesto tenga otros destinos.
Cuando se le preguntó por qué no pueden permitir, por ejemplo, más tanques para poder almacenar tal cantidad y controlar de igual forma, admitió que la DNIT no tiene la capacidad para verificar en varios tanques. Según los emblemas, ante la incapacidad de verificación de la institución, el Ejecutivo optó por sacar del mercado a las otras empresas.
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El funcionario también mencionó que la política del Gobierno es que el Decreto se comience a implementar el 1 de agosto y que, así como están las cosas, ya no se lo modificará. Orué también señaló que el mercado del combustible búnker es de solo 4%, no obstante aún así pretende que las empresas inviertan en tener un tanque de 16 millones de litros.