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La deuda pública total, que incluye los compromisos asumidos por el Gobierno central y las entidades descentralizadas, al mes de mayo asciende a US$ 17.650,1 millones, lo que equivale al 38,9% del Producto Interno Bruto (PIB) de acuerdo con el Informe de Situación Financiera (Situfin) dado a conocer la semana pasada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Comparando con el monto con que cerró el ejercicio 2023, de US$ 16.565,9 millones, el endeudamiento del país entre enero y mayo aumentó US$ 1.084,2 millones, lo que implica 6,5% más en solo cinco meses.
La mayor parte de la deuda pública fue contraída a través de la emisión de bonos locales y soberanos, por un monto de US$ 9.303,4 millones, lo que representa el 52,7% del total; luego están los préstamos de los organismos financieros internacionales por US$ 7.762,4 millones, 44%; y la contraída mediante ley llave en mano, con US$ 584,3 millones, que equivale al 3,3% del total.
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Nivel sostenible
El MEF señala en su informe que este nivel de deuda alcanzado a mayo, del 38,9% del PIB, se considera sostenible para las finanzas públicas del país y es uno de los niveles más bajos en comparación a los países de la región y al promedio de deuda pública de las naciones latinoamericanas, tales como Brasil, Bolivia, Uruguay, Colombia, y otros.
Proyectos de reformas no avanzan
Por otra parte, mientras la deuda pública avanza, algunos proyectos que podrían ayudar a mejorar la calidad del gasto siguen estancados.
Por ejemplo, se habló mucho de la necesaria y urgente reforma de la Caja Fiscal. Al primer semestre del año, el déficit de las jubilaciones del sector público, conocida como Caja Fiscal, ya acumuló un déficit de US$ 147 millones y así cada año, el Gobierno asume esta diferencia (más de US$ 200 millones anuales) pagados con nuestros impuestos para pagar las jubilaciones de los funcionarios públicos. Este proyecto no ha avanzado.
El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su último informe, vuelve a insistir en la necesidad de realizar una reforma de la Caja Fiscal para reestablecer su sostenibilidad financiera a largo plazo y alerta sobre el riesgo sobre las finanzas públicas de no hacerlo.
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Ley de servicio civil
Por otra parte, también está pendiente de tratamiento la Ley de la Función Pública y Carrera del Servicio Civil que ayudaría a traer un ordenamiento en la función y el ingreso de funcionarios, así como prevenir y sancionar el nepotismo.
Al parecer, el Congreso de la Nación tiene otros intereses y prioriza proyectos como el de control a ONG, antes de avanzar con estas reformas tan necesarias.
Al respecto, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández refirió en relación a estos reclamos (Caja Fiscal, servicio civil y otros) que están en permanente conversación con los legisladores para no tener inconvenientes o que no se les acuse de no tener un “dialogo previo y socialización”. “Estamos en la ultima vuelta de diálogo y reuniones por la Ley de servicio civil y eso esperamos que dentro de poco esté en tratamiento en el Congreso”, expresó.