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La deuda pública total, que incluye los compromisos asumidos por el gobierno central y las entidades descentralizadas, al mes de mayo asciende a US$ 17.650,1 millones, lo que equivale al 38,9% del PIB.
A la administración central le corresponde US$ 15.853,8 millones, que representa el 89,8% de la deuda total y equivale a 35% del PIB.
En tanto, a las entidades descentralizadas les corresponde US$ 1.796,3 millones, que representa el 10,2% del total y equivale al 3,9% del PIB.
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Comparando con el monto con que cerró el ejercicio 2023, de US$ 16.565,9 millones, el endeudamiento del país entre enero y mayo aumentó US$ 1.084,2 millones, lo que implica 6,5% más.
La mayor parte de la deuda pública fue contraída a través de la emisión de bonos locales y soberanos, por un monto de US$ 9.303,4 millones, lo que representa el 52,7% del total; luego están los préstamos de los organismos financieros internacionales por US$ 7.762,4 millones, 44%; y la contraída mediante ley llave en mano, con US$ 584,3 millones, que equivale al 3,3% del total.
Nivel de deuda es sostenible
El MEF señala en su informe que este nivel de deuda alcanzado a mayo, del 38,9% del PIB, se considera sostenible para las finanzas públicas del país y es uno de los niveles más bajos en comparación a los países de la región y al promedio de deuda pública de los países latinoamericanos, tales como Brasil, Bolivia, Uruguay, Colombia, y otros.
La mayor parte de la deuda pública, 86,7%, se encuentra denominada en dólares estadounidenses, teniendo en cuenta que desde 2013 se realizaron emisiones en los mercados internacionales de títulos de deuda del Tesoro Nacional en dicha moneda.
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“Asimismo, gracias a las operaciones llevadas a cabo en el mercado financiero doméstico el 12,6% de la deuda pública está denominada en moneda local”, destaca el informe del MEF.
En cuanto a las tasas, refiere que el 67% de la deuda pública fue contraído a tasas de interés fijas, mientras que el 33% a tasas de interés variables.
No incluye otras deudas
Un reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre los resultados de la evaluación realizada al país, señala que la cobertura de la deuda pública bajo la metodología de la entidad es más amplia que la utilizada por las autoridades paraguayas.
En ese contexto, menciona que la definición de deuda de las autoridades paraguayas incluye todo el pasivo avalado por el Congreso y legalmente garantizado por el Estado paraguayo, mientras que la definición del FMI añade algunas deudas más no cubiertas, como los del Banco Central del Paraguay con ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración); la deuda comercial pendiente de Petropar con Venezuela.
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A criterio del Fondo, lo más probable es que las deudas incurran en pasivo contingente para las autoridades en caso de incumplimiento.
También, agrega el informe, se suma la asignación de DEG (Derechos Especiales de Giro) para 2021, que según indica es poco probable que estos pasivos aumenten los riesgos de reembolso y los fondos de amortización creados para hacer frente a tales contingencias, mitigarían aún más la presión potencial sobre el gobierno central.
Alerta sobre riesgo de explosión
El FMI en su último informe también alerta de que los sistemas de pensiones y de salud enfrentan desafíos y riesgos a largo plazo.
La entidad señala que así como en muchos otros países, las proyecciones demográficas a largo plazo revelan que en el sistema de pensión de Paraguay la necesidad de financiamiento crecerá sustancialmente en los próximos 30 años, lo que podría conducir a una explosión de la deuda pública en 30 años.