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Este viernes 12 de julio, el gobierno del presidente Santiago Peña prevé el lanzamiento oficial del programa Che Róga Porã, el plan emblema que apunta a facilitar la compra de la primera vivienda, a precio de alquiler.
A tan sólo tres días de la fecha clave, pues ya se pospuso una vez, existen muchas lagunas en cuanto a la distribución de responsabilidades de los fiscalizadores de esas obras. El reglamento, recientemente fue modificado, pero aún así persisten las dudas.
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La situación es que el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), cuyo titular es Juan Carlos Baruja, se encarga de recibir proyectos de soluciones habitacionales, que son evaluados, y los aprobados serán puestos a la vista de los interesados (que será este 12 de julio).
Una vez comprometido el 80% de cada proyecto, los interesados firman el crédito de hasta G. 400 millones, a 6,5% de tasa interés anual y 30 años de plazo. En esta etapa, la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) desembolsa los fondos a una entidad fiduciaria, que entregará a las desarrolladoras, según avance y posterior informe del fiscalizador.
Che Róga Porã: sin sistema de control a conflictos de intereses
Los fiscalizadores cumplen un rol transcendental en el programa pues “son los ojos del MUVH” y su firmas representarán el “certificado de calidad” de las obras por las que las entidades financieras concederán créditos hasta por 30 años de plazo.
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Sin embargo, pese a la relevancia de sus funciones, el MUVH aún no informó cómo será el sistema de control de los “conflictos de intereses” que surjan en los contratos con las desarrolladoras, pues reportó que se regirá por la Ley N° 7021 de Suministro y Contrataciones Públicas, que regula las compras de bienes y servicios.
Al respecto se intentó conocer la posición del ministro Baruja, pero hoy se cumple una semana de que a pesar de la insistencia y de suministrarle por escrito nuestras preguntas, sigue sin responder.