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El informe de gestión de Santiago Peña indica que el robo de energía a gran escala es un ilícito que no solo afecta financieramente a la ANDE, sino que a la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico para la población. “En el periodo desde el 17 de agosto de 2023 al 26 de mayo de 2024 se han efectuado un total de 29 intervenciones, de manera coordinada con el Ministerio Público y la Policía Nacional”, menciona.
Para el efecto se empleó tecnología de última generación, con equipos reconectadores, llaves telecomandadas, sistemas de monitoreo y SCADA de Distribución, vehículos aéreos no tripulados (drones) con cámaras termográficas, software de análisis con inteligencia artificial, como puntos iniciales en la gestión de pérdida institucional, detalla el escrito.
“Se han logrado desconectar 78,2 MW de potencia que generaban un daño patrimonial por sustracción de energía eléctrica de G. 15.405.045.283 de manera mensual en forma estimada. Todos los casos tienen causa abierta en el Ministerio Público mediante denuncia penal realizada por la ANDE”, expone.
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El documento también indica que como parte de las acciones emprendidas por la ANDE y el Poder Ejecutivo fue presentado el Proyecto de Ley de Modificación del Art. 173 del Código Penal, en donde se plantea, desde una perspectiva regulatoria, la detección y prevención de la sustracción de energía de líneas de media o alta tensión con medidas rigurosas y eficaces por parte de las autoridades y organismos de control.
“La lucha contra este tipo de ilícito eléctrico representa uno de los desafíos fundamentales para lograr los grandes objetivos de política energética del país, así como atender los aspectos económicos del hecho punible”, concluye.
Lo que no menciona el informe de Peña es que la semana pasada, la ANDE decidió aumentar la tarifa a los usuarios pertenecientes al Grupo de Consumo Intensivo Especial, entre los que se encuentran las criptomineras legales. Estas empresas, con capital paraguayo y extranjero, advirtieron el riesgo de retirarse del país debido a la inseguridad jurídica, al darse el cambio en las reglas del juego.
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Entre 9% y 16% es el aumento de la tarifa que realizó la ANDE para los empresas que hacen uso intensivo de la electricidad, según indicó el director de Planificación y Estudios de la empresa estatal, Ing. Francisco Escudero.