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Al leer el resumen de 21 páginas del informe de 244 páginas que presentó al Poder Legislativo, el mandatario insistió en calificar el acuerdo sobre la tarifa de Itaipú como “histórico”, porque garantiza a nuestro país un ingreso anual de US$ 1250 millones.
Además, tal como ocurrió el jueves 9 de mayo, no aclaró que ese monto está conformado por US$ 280 millones generados por los Royaltíes; US$ 265 millones por la Compensación por cesión de energía y más de US$ 50 millones por las utilidades del capital que aportó el país para la constitución de la entidad binacional.
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La diferencia, o sea US$ 650 millones, que según insistió serán destinados a gastos sociales, provendrán de los casi US$ 10/kWmes que acordaron descargar sobre el costo real del servicio de electricidad de la binacional, a pesar de que la misma terminó de pagar su deuda en febrero de 2023.
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En el resumen que leyó el presidente Peña, recordó que había prometido a la ciudadanía que los fondos adicionales, o sea los US$ 650 millones, los invertirá en las siguientes prioridades: 1.- primera infancia. 2.- seguridad. 3.- construcción de grandes hospitales en el interior del país. 4.- modernización de la infraestructura vial. 5.- mejora del transporte público. 6.- infraestructura energética.
No ingresarán al Presupuesto de Gastos de la Nación
El presidente Peña, sin embargo, no recordó ante el Congreso que no incorporarán estos recursos al Presupuesto de Gastos de la Nación, tal como lo establecen las leyes nacionales, razón por la cual su ejecución estará libre de los controles propios del Legislativo, así como de la Contraloría General Gen eral de la República.
En el texto de 244 páginas, el jefe de Estado señala que el acuerdo con Brasil “permitirá al Gobierno la oportunidad de contar con previsibilidad en los próximos años”, y agregó que ese hecho “fortalecerá el sistema eléctrico y evitará tensiones anuales con Brasil derivadas de la negociación de la tarifa de energía”, una justificación que no se sostiene, porque el Tratado, hace 50 años, estableció la metodología así como los mecanismos de cálculo del costo del servicio de electricidad de Itaipú.
Peña reiteró que la tarifa que acordaron con el gobierno brasileño, presidido por Luiz Inácio Lula da Silva, es de US$ 19,28/lWmes, aplicable durante los años 2024, 2025 y 2026.
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Especialistas del gobierno de Fernando Lugo, quienes negociaron la triplicación de las compensación que Brasil pagaba al Paraguay por aprovechar su excedente en Itaipú, advierten que la tarifa real de Itaipú, luego de la cancelación de la deuda de la entidad binacional, se redujo a US$ 8,87/kWmes.
El acuerdo operativo seguirá vigente durante tres años
En el documento de 244 páginas. que Santiago Peña entregó al Legislativo, destaca igualmente la continuidad del acuerdo operativo, que permitirá a la empresa eléctrica paraguaya “adquirir energía a un precio preferencial en los tres años de vigencia de la nueva tarifa de Itaipú.
En rigor el acuerdo en cuestión, cuyo origen deberá investigarse alguna vez, solo afecta a la potencia adicional a la garantizada y no la potencia garantizada, según fuentes de la misma ANDE.
En el resumen que leyó Peña tampoco recordó la revisión del Anexo C que el Paraguay espera hace 51 años, sí en el documento de 244 páginas, en el que se lee que: “también se sentaron las bases para iniciar las negociaciones del Anexo C del Tratado, con el objetivo de llegar a un acuerdo a finales de diciembre de este año”, se lee. Llamativamente, esas bases no fueron “sentadas” entre los siete puntos del Acuerdo de Entendimiento, sino en su último párrafo.
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El mandatario, además, denunció que encontraron actas secretas, pero no aclaró cuáles, y que se enteraron que en dos años consecutivos su predecesor cedió ante “las pretensiones de Brasil alrededor de US$ 1000 millones en tres años”. Tampoco dió detalles de esa cesión.