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El directorio del organismos financiero internacional se reunió el miércoles último para analizar los resultados de evaluación de la economía paraguaya en el marco de la Consulta del Artículo IV, los compromisos asumidos para la implementación del Instrumento de Coordinación de Políticas (ICP) y el Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS).
La entidad emitió posteriormente un informe y anunció que, en cuanto al acuerdo del SRS, el cumplimiento de tres medidas de reforma permite al gobierno, de manera inmediata, acceder a 75,5 millones de los derechos especiales de giros (DEG), que equivalen a aproximadamente a US$ 100 millones.
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Este primer desembolso forma parte de los US$ 400 millones solicitados en octubre de 2023 por el gobierno de Santiago Peña (ANR-cartista), otorgados por el FMI en diciembre de ese mismo año, con el compromiso de implementar reformas relacionadas al clima.
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Las condiciones en que otorgaron el crédito son las siguientes: a 20 años de plazo, incluyendo 10 años y medio de gracia, y una tasa de interés que, sumando el margen de 95 puntos básicos sobre la tasa de DEG y 50 puntos básicos por comisiones, se sitúa actualmente en torno al 5,46% anual.
Resultados satisfactorios
El informe del FMI indica que los directores ejecutivos estuvieron de acuerdo con el objetivo central de la evaluación y acogieron con satisfacción los resultados que, en términos generales, fueron satisfactorios en el marco de los acuerdos ICP y SRS.
“Los directores esperaban que continuaran los esfuerzos para reforzar la estabilidad macroeconómica, impulsar reformas estructurales y fortalecer la resiliencia climática, respaldados por el desarrollo de capacidades del Fondo en colaboración con socios para el desarrollo”, añade el informe divulgado.
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Agrega que los directores coincidieron en la importancia de la consolidación fiscal para reconstruir las reservas fiscales y salvaguardar la sostenibilidad de la deuda.
“Pidieron la movilización de ingresos internos, incluso mejorando la recaudación de impuestos y considerando ampliar la base impositiva y aumentar las tasas impositivas si fuera necesario para proteger el gasto social y las inversiones prioritarias”, destaca.
Déficit fiscal y deuda pública
Luego de la cesación selectiva de pagos en el 2003, desde 2004 y hasta 2011 el gobierno central acumuló superávits, pero desde 2012, año en que se aprobaron en el Congreso aumentos salariales de más del 30%, arrastra déficits.
El saldo rojo se disparó a 6,1% del PIB en 2020, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez (ANR) debido a la pandemia, ya que el Estado se endeudó para enfrentar el covid-19.
La administración Abdo Benítez había acordado con los organismos internacionales volver este año 2024 al tope de déficit de 1,5% del PIB establecido en la ley de responsabilidad fiscal y, para ello, estableció un cronograma.
Al asumir el año pasado la Presidencia de la República Santiago Peña (ANR-cartista) decidió modificar el plan y extender el periodo de convergencia hasta el 2026, argumentando que debían pagar una deuda heredada de US$ 600 millones con constructoras y farmacéuticas, lo que llevó el saldo rojo el año pasado a 4,1% del PIB.
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El FMI aguarda que se cumpla el nuevo cronograma establecido, que prevé para este año un déficit máximo de 2,6%, para el año siguiente 1,9% y para 2026 el retorno al tope de la ley fiscal de 1,5% del PIB.
La deuda pública, por su parte, sigue creciendo y a fines de abril se situó en US$ 17.420,8 millones, que representa 38,4% del PIB, e implica un aumento de US$ 854,9 millones con relación al cierre del ejercicio 2023.