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El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH), cuyo ministro es Juan Carlos Baruja, firmó la Resolución N° 1044 el pasado lunes 24 de junio sobre el programa Che Róga Porã. De esta manera, anuló la reglamentación anterior, la Resolución N° 2524 del 21 de noviembre del año pasado, y su modificación, la Resolución N° 706 del 6 de mayo del 2024, según informó en su portal.
El documento se presenta como una “consolidación del reglamento”, pero en el primer artículo de la nueva resolución se lee que “abroga” todo lo anterior, es decir, lo anula.
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Al respecto, el ministro señaló que se hicieron “ajustes” sobre la responsabilidad del desarrollador, el criterio de representación, así como de evaluación de proyectos. También se permite que aquellos que no sean profesionales afines al rubro de la construcción, como arquitecto o ingeniero civil, podrán catastrarse siempre y cuando presenten un representante técnico del rubro. Lo mismo para el representante legal.
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Asimismo, se establecieron las funciones de fiscalizadores de obra y de organismos de control, además de cómo será el sistema de capacitación, evaluación, contratación y remuneración por parte de las compañías fiduciarias (que en Paraguay, son principalmente las entidades financieras).
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Esta nueva reglamentación y toda la documentación relativa al programa se encuentra en el portal https://www.cherogapora.gov.py/
Ajuste en medio de críticas
Si bien el nuevo reglamento agrega requisitos y obligaciones a las empresas aliadas al programa, estas nuevas exigencias no cambian el hecho más criticado de este programa: que el MUVH mantiene entre sus aliadas a empresas que fueron denunciadas por construcciones y verificaciones deficientes ante el Ministerio Público y en algunos casos, la Contraloría.
El ministro alegó en varias ocasiones que no las puede incluir porque no hay sentencia definifica que condene a las personas salpicadas en esos casos y que “se presume la inocencia”.
El plan de viviendas consiste en créditos para la primera vivienda, dirigidos a la gente de clase media. Los interesados pueden postularse para adquirir una casa o departamento de hasta G. 400 millones, al 6,5% de interés anual y en un plazo de hasta 30 años.
Las cuotas se pagarán recién cuando el beneficiario se muda a su nuevo hogar, y las mismas serán “a precio de alquiler”. Al menos esa fue la promesa electoral del presidente Santiago Peña.
Al tratarse de créditos blandos, el programa despierta gran interés de la gente, que participó en la primera charla al respecto masivamente. Aunque también persisten las críticas por la desconfianza que generan las empresas con negros antecedentes.
Entre los comentarios de lectores de ABC, Ivo Ibarrola aprovechó para preguntarle al ministro Baruja si va a construir su casa -su futuro hogar- con una empresa que ya tiene negro historial. Al respecto, se intentó conocer su respuesta pero al cierre de esta edición no hizo más comentarios.