La Itaipú insiste en su pretensión de que el director general paraguayo, Justo Zacarías Irún, no comparezca ante el Juzgado Laboral a una audiencia para aclarar sus dichos sobre los supuestos actos irregulares en el concurso de oposición del año 2023.

Para evitarlo, el abogado de la entidad, Roberto Ruiz Díaz, presentó un recurso de reposición parcial contra la resolución del 21 de junio último, solicitando la suspensión de la audiencia del 2 de julio, que cita al alto ejecutivo de la binacional.

El abogado de los 18 demandantes, el abogado Raúl Mongelós explicó que en el escrito remitido por Itaipú dicen sencillamente que ellos fueron despedidos porque no terminaron su periodo de prueba.

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Específicamente, el documento señala que “al contestarse la demanda, la Itaipú aclaró una y otra vez que el despido de los actores se produjo durante el periodo de pruebas, figura legal que permite al empleador a poner fin al contrato sin responsabilidad alguna. El despido lo comunicó la Itaipú y nunca se dijo ni se admitió que fue por un conflicto con su director general paraguayo”, manifiesta.

Añade que el director general nunca tuvo ningún hecho personal que haya motivado este conflicto.

Exigen que director de Itaipú se ratifique en supuestas irregularidades

Por su parte, Mongelós explicó que para los demandantes es importantísima la prueba de absolución de posiciones. “Que venga el director (Zacarías Irún) y se ratifique o no, si él dijo eso (que hubo irregularidad en el PSE) por los medios de comunicación”, explicó.

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Añadió que Itaipú quiere impedir ese diligenciamiento, y que por eso su abogado presentó un pedido de revocatoria al juez. “Además de eso, como una medida de presión, recusaron al juez de tercera instancia. Entonces eso pasa a la segunda instancia; pero también recusaron al juez de segunda instancia, tratando de evitar que la audiencia se haga el 2 de julio”, puntualizó.

En su escrito, Itaipú refiere sobre la jueza Marcela Fernández Celauro que “la novel y joven magistrada “cree” y “parte de la base” que el presente conflicto jurídico interindividual se produjo por un hecho propio de un alto gerente de la Entidad Binacional, cuando que la demandada aclaró, y ello está documentado, que el despido de aquellos ex trabajadores se fundó en la facultad legal que tiene toda empleadora (persona jurídica de derecho público internacional) de poner fin al contrato individual de trabajo durante el periodo de pruebas”.

De acuerdo a Mongelós, la Itaipú, en su escrito, argumenta que la ley establece que el representante de la binacional puede nombrar a un apoderado para ir a declarar y no necesariamente el propio director general.

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“Pero la presencia de él es importantísima porque dijo lo que nosotros mencionamos en la demanda, de que los despidos se generaron porque se amañó el concurso”, resaltó.

Desvinculados en masa de Itaipú

Cabe recordar que 187 trabajadores que ingresaron mediante el PSE 2023 fueron desvinculados al mes, pero tras movilizaciones y reuniones con autoridades, 165 fueron reincorporados. Sin embargo, 18 de los 22 que no fueron restituidos, promovieron una demanda laboral por reintegro.