Cargando...
La convocatoria de la cartera de Economía, a cargo del ministro Carlos Fernández Valdovinos, es para todos los interesados en obtener prioridad en el cobro de obligaciones ordenadas por sentencias y resoluciones judiciales que condenan el pago de sumas de dinero al Estado.
“El propósito de esta convocatoria es citar a todos los beneficiarios con resoluciones judiciales firmes y ejecutoriadas, que condenan al Estado al pago de sumas líquidas de dinero notificadas al MEF hasta el 31 de diciembre de 2023 y que estén interesados en proponer al MEF la celebración de acuerdos que permitan generar ahorro al Estado y poner fin al conflicto”, indica el comunicado.
Los acreedores interesados podrán presentar sus propuestas desde el próximo miércoles 26 del presente mes hasta el jueves 4 de julio, en “Mesa Central de Entradas del MEF” ubicada en Presidente Franco casi Alberdi, Asunción, para iniciar el trámite.
En el formulario establecido para este trámite, deberán señalar la resolución judicial, el monto de la deuda vencida y la quita correspondiente.
Plazo de evaluación de las propuestas
La cartera indica que la evaluación de las propuestas presentadas se realizará en un máximo de siete días hábiles, desde el 5 de julio al 15 de julio; mientras que el resultado preliminar se publicará en el portal de la institución desde el 16 de julio al 18 de julio y como resultado final se emitirá el acto administrativo que determine el orden de prioridad de pagos de obligaciones por sentencias y resoluciones judiciales.
El MEF señala que el monto máximo a percibir por acreedor durante el ejercicio fiscal 2024 no excederá G. 4.000 millones, independientemente de que las acreencias provengan de obligaciones emanadas de resoluciones y sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas dictadas en juicios diferentes.
Lea más: Paraguay recibió transferencia récord de US$ 100 millones por cesión de energía de Yacyretá
Además, menciona que los acuerdos administrativos suscriptos en ejercicios fiscales anteriores, que cuenten con saldos pendientes de pago por obligaciones emanadas de resoluciones y sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas, podrán ser abonados manteniendo, en su caso y conforme disponibilidad presupuestaria, los mismos montos de pagos parciales ya realizados en el ejercicio fiscal 2023.
“Estos pagos se encuentran supeditados a la homologación judicial de los acuerdos transaccionales que se suscriban en el presente ejercicio fiscal, por resolución firme del juzgado competente y deberán contar con dictamen favorable previo de la Procuraduría General de la República (PGR) en los casos en que ésta haya intervenido con carácter de representación necesaria”, añade el comunicado.