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La convocatoria de la cartera de Economía, a cargo del ministro Carlos Fernández Valdovinos, es para todos los interesados en obtener prioridad en el cobro de obligaciones ordenadas por sentencias y resoluciones judiciales que condenan el pago de sumas de dinero al Estado.
“El propósito de esta convocatoria es citar a todos los beneficiarios con resoluciones judiciales firmes y ejecutoriadas, que condenan al Estado al pago de sumas líquidas de dinero notificadas al MEF hasta el 31 de diciembre de 2023 y que estén interesados en proponer al MEF la celebración de acuerdos que permitan generar ahorro al Estado y poner fin al conflicto”, indica el comunicado.
Los acreedores interesados podrán presentar sus propuestas desde el próximo miércoles 26 del presente mes hasta el jueves 4 de julio, en “Mesa Central de Entradas del MEF” ubicada en Presidente Franco casi Alberdi, Asunción, para iniciar el trámite.
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En el formulario establecido para este trámite, deberán señalar la resolución judicial, el monto de la deuda vencida y la quita correspondiente.
Plazo de evaluación de las propuestas
La cartera indica que la evaluación de las propuestas presentadas se realizará en un máximo de siete días hábiles, desde el 5 de julio al 15 de julio; mientras que el resultado preliminar se publicará en el portal de la institución desde el 16 de julio al 18 de julio y como resultado final se emitirá el acto administrativo que determine el orden de prioridad de pagos de obligaciones por sentencias y resoluciones judiciales.
El MEF señala que el monto máximo a percibir por acreedor durante el ejercicio fiscal 2024 no excederá G. 4.000 millones, independientemente de que las acreencias provengan de obligaciones emanadas de resoluciones y sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas dictadas en juicios diferentes.
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Además, menciona que los acuerdos administrativos suscriptos en ejercicios fiscales anteriores, que cuenten con saldos pendientes de pago por obligaciones emanadas de resoluciones y sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas, podrán ser abonados manteniendo, en su caso y conforme disponibilidad presupuestaria, los mismos montos de pagos parciales ya realizados en el ejercicio fiscal 2023.
“Estos pagos se encuentran supeditados a la homologación judicial de los acuerdos transaccionales que se suscriban en el presente ejercicio fiscal, por resolución firme del juzgado competente y deberán contar con dictamen favorable previo de la Procuraduría General de la República (PGR) en los casos en que ésta haya intervenido con carácter de representación necesaria”, añade el comunicado.