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El gerente de Economía, Felipe González Soley; el director de Política Macro Fiscal, Rolando Sapriza; y la jefa del Departamento de Coyuntura Macro Fiscal, María Angélica Pintos; todos del Viceministerio de Economía y Planificación, presentaron hoy en conferencia de prensa virtual el informe de “Situación Financiera de la Administración Central” (Situfin) correspondiente al mes de mayo.
El informe de Situfin incluye, entre otros, un análisis sobre la coyuntura macroeconómica del país, los ingresos recaudados, los gastos efectuados, la inversión pública ejecutada y el resultado fiscal al cierre de cada mes.
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Las autoridades explicaron que los ingresos tributarios registraron un crecimiento acumulado de 26,3%, mientras que los gastos aumentaron a una tasa del 10,2%, principalmente explicado por el incremento registrado en el pago de las remuneraciones en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el Ministerio de Salud Pública y las Fuerzas Públicas; así como también por la compra de medicamentos y el pago de intereses de la deuda pública.
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Con estos números el resultado al cierre de mayo registra un déficit fiscal acumulado de G. 833,5 mil millones, que representa 0,2% del PIB, equivalente a US$ 116,7 millones.
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Además, se obtuvo un resultado operativo positivo de G. 979,6 mil millones, que representa 0,3% del PIB, equivalente a US$ 128,3 millones.
El déficit anualizado, por su parte, se situó en 3,2% del PIB, mostrando una mejora relativa con respecto al cierre fiscal del año 2023, donde el déficit fiscal representó el 4,1% del PIB. “Esto se explica, en parte, por el robusto desempeño de los ingresos tributarios en el transcurso del año”, añade el informe.
Menos inversión para cerrar en tope de déficit
Las autoridades indicaron que se mantienen las perspectivas para una evolución fiscal en línea con la meta de convergencia y cumplir con el plan de gastos trazado en el Presupuesto General de la Nación (PGN).
El presupuesto contempla como tope de déficit fiscal 2,6% del PIB, que forma parte del plan de convergencia implementado por el gobierno de Santiago Peña, que igualmente prevé para el año venidero reducir a 1,9% del PIB y en 2026, volver al tope de 1,5% del PIB establecido en la ley de responsabilidad fiscal.
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El nuevo plan de convergencia fue aplicado con el argumento de que debía pagarse la deuda acumulada con las empresas constructoras de obras y farmacéuticas, heredadas del gobierno de Mario Abdo Benítez, lo que elevó el saldo rojo a 4,1% del PIB a fines de diciembre de 2023. De este modo, se dejó sin efecto el plan del gobierno anterior, que establecía volver al tope de 1,5% del PIB a fines del presente ejercicio.
Con respecto a la fuerte caída que registra la inversión pública comparando con la registrada el año pasado, indicaron que representa 2,3% del PIB y que continúa transitando por la senda de convergencia fiscal conforme a lo planificado por el gobierno.
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La reducción del déficit anualizado de 4,1% registrado al final de diciembre del año pasado a 3,2% de mayo último, se da principalmente por la vía de la disminución de las inversiones públicas, que tiene su impacto en la actividad económica del país.