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El informe de “Situación Financiera de la Tesorería General” al mes de mayo da cuenta que el Tesoro Público transfirió de enero a mayo último G. 3,7 billones (US$ 506,2 millones al cambio presupuestado, contra los G. 2,8 billones (US$ 380,4 millones) realizados en el mismo periodo del ejercicio anterior.
La diferencia entre uno y otro ejercicio representa un incremento de G. 926.682 millones (US$ 125,8 millones), que equivale a 33,1% más abonado a los organismos financieros internacionales, a los tenedores de bonos del Tesoro y a los inversionistas que realizan obras vía ley llave en mano.
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Los fondos utilizados para cumplir con los compromisos locales e internacionales provienen de los recursos del Tesoro (ingresos genuinos, entre otros) en un 72,4% y de créditos públicos (bonos y préstamos) en un 27,6%.
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Se pagó por la deuda interna G. 253.708 millones (US$ 34,4 millones al cambio presupuestado) y por la deuda externa poco más de G. 3,4 billones (US$ 471,8 millones), de acuerdo con los datos del informe de Tesorería.
Deuda pública total al mes de marzo
Al cierre del primer trimestre, según los últimos datos divulgados por el MEF, la deuda pública total se situó en US$ 17.441,2 millones, que equivale a 38,5% del PIB, lo que implica un incremento de US$ 875,3 millones comparando con la cifra de diciembre de 2023.
El informe señala que a la administración central le corresponde US$ 15.676,2 millones (34,6% del PIB) y a las entidades descentralizadas US$ 1.769 millones (3,9% del PIB), en el caso de este último sector también cuenta con garantía del Tesoro.
La mayor parte de la deuda pública, 86,3%, se encuentra denominada en dólares estadounidenses; mientras que el 13% está en guaraníes luego de las últimas colocaciones realizadas en nuestra moneda local. El resto se encuentra en otras monedas.
Informe de la calificadora de riesgo
La consultora internacional de riesgo, Fitch Ratings, en su reciente informe señala que el país al alcanzar los objetivos fiscales debería estabilizar la deuda pública en alrededor del 35% del PIB.
Los objetivos fiscales al que hace referencia el informe, guarda relación con el nuevo plan de convergencia fiscal que extendió a 2026 el plazo para retornar al tope de déficit de 1,5% del PIB establecido en la ley de responsabilidad fiscal.
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Para este año la ley de presupuesto prevé un saldo rojo límite de 2,6% del PIB y para el año venidero de 1,9%.
La baja en el porcentaje del déficit se dará, principalmente, por la reducción que viene registrando las inversiones públicas y el aumento de la recaudación tributaria. En tanto, los gastos siguen creciendo cada año, fundamentalmente el gasto salarial.
El déficit fiscal que registra el gobierno central desde el año 2012 se financia con las deudas obtenidas, ya sea vía préstamos de organismos financieros o emisión de bonos del Tesoro en el mercado local e internacional.