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SANTIAGO DE CHILE. Las energías renovables son temas de debate y acción que se imponen cada vez con mayor fuerza –y en esto Paraguay no es la excepción–, ante la necesidad de combatir las enormes emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el mundo, que están directamente relacionadas con el desarrollo de la humanidad a lo largo del último siglo. Es por eso que este año el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) analiza este asunto desde una perspectiva regional, en su Reporte de Economía y Desarrollo (RED), denominado “Energías renovadas: Transición energética justa para el desarrollo sostenible”, presentado anoche en esta ciudad.
En los últimos 80 años el producto por habitante a nivel mundial casi se ha quintuplicado y ese crecimiento estuvo acompañado por mayores emisiones de GEI, que se han multiplicado por siete en el mismo período, según los datos del CAF. “La evidencia científica apunta a que la acumulación excesiva de GEI de origen antropogénico (proveniente de la actividad de los seres humanos) es la causa del calentamiento global y que, a los ritmos actuales de emisiones, quedan un poco más de 28 años para limitar el incremento de la temperatura en 2 grados celsius con respecto a la era preindustrial, o apenas 9 años para el umbral de 1,5 °C. Las metas ambientales globales precisan, por lo tanto, de una transición energética que contribuya a reducir las emisiones”, introduce el estudio.
Por un lado se reconoce que el mundo desarrollado ha tenido una mayor responsabilidad en las emisiones históricas, ya que su contribución representa el 45% del total, mientras que las de América Latina y el Caribe explican solo el 11%. Pero el RED acota que “si bien esto es relevante a la hora de introducir elementos de justicia en las responsabilidades vinculadas a la disminución de las emisiones, no exime a ningún país o región de realizar esfuerzos para limitar los GEI liberados y frenar el aumento de las temperaturas”. Incluso, esto se puede entender al considerar que el 75% de las emisiones actuales vienen de países de ingresos medios y bajos, y en este escenario se consideran “insuficientes” las medidas en esa dirección que puedan aplicar exclusivamente los países desarrollados.
¿Cuáles son los sectores con más emisiones?
Según el citado estudio, a nivel global casi el 80% de las emisiones de GEI provienen del consumo de energía fósil y de los procesos industriales (CFPI), mientras que un poco más del 20% procede del sector agropecuario, la silvicultura y otros usos de la tierra (ASOUT). Sin embargo, los números son distintos en América Latina, donde en 2019, alrededor de 65% de las emisiones provenían del sector ASOUT (el Caribe 14% y 8% los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE).
En tal sentido, el RED menciona al Acuerdo de París de 2015, con 196 países adherentes, como un “hito destacable para dar una respuesta mancomunada a la crisis climática”. “América Latina y el Caribe ha aceptado reducir sus emisiones para 2030 alrededor del 11% con relación a 2020. Esta disminución es superior a la asumida a nivel global (menos del 1%), pero inferior a la de América del Norte o la Unión Europea, que alcanzan el 37% y 29%, respectivamente”, agrega.
Pero los desafíos para países como Paraguay y otros de la región no corresponden únicamente al área ambiental, sino también tienen “desafíos estructurales de larga data”, como la brecha de ingreso por habitante con el mundo desarrollado y la pobreza y desigualdad. Durante las últimas décadas el PIB per cápita de la región se ha mantenido un 30% por debajo del de Estados Unidos, se menciona al respecto, y esto se encuentra asociado a la baja productividad. A su vez, ello se origina con un exceso de empresas pequeñas, informales y con bajo capital físico, humano y organizacional.
En Paraguay, los datos oficiales muestran que cerca del 70% de la mano de obra de toda la economía proviene de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). En el sector también la alta informalidad es una de sus principales características.
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“En el plano energético, la región también enfrenta desafíos preexistentes. En primer lugar, aún persisten problemas focalizados de acceso a fuentes de energía de calidad, a pesar de los grandes avances logrados. Por ejemplo, al menos el 40% de la población rural de Colombia, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Perú todavía cocinan con leña. En segundo lugar, existen desafíos en materia de confiabilidad del suministro energético”, dice el reporte.
En nuestro país se observan contradicciones en el ámbito, ya que pese a contar con una de las mayores hidroeléctricas del mundo en términos de potencia –Itaipú Binacional–, solo el 20% de la matriz energética está compuesto por la energía eléctrica, mientras que el 80% restante, por los combustibles fósiles.
Transición energética que contemple el desarrollo
A riesgo de parecer reiterativo, CAF pone mucho énfasis en la mirada del desarrollo regional, considerando la realidad de nuestros países. “A diferencia de los países que se desarrollaron en el siglo XX, América Latina y el Caribe debe alcanzar su desarrollo en el contexto de una transición energética global que busca reducir las emisiones de GEI. La historia reciente de los países desarrollados sugiere que es viable lograr un crecimiento del producto por habitante y reducir las emisiones, término conocido como desacople. Entre los años 2000 y 2019 los países de la OCDE alcanzaron, en promedio, un crecimiento del PIB per cápita del 1,1% y una reducción de las emisiones vinculadas al consumo de energía fósil y a los procesos industriales (CFPI) del 0,6%”, apunta al respecto.
Y agrega: “Durante el siglo XXI América Latina redujo las emisiones por unidad de producto en un 0,7% anual y el Caribe en el 1,9%. Esta caída se ha logrado especialmente disminuyendo la intensidad energética, que bajó el 0,5% anual en América Latina y el 1,8% en el Caribe. En ambas subregiones también se logró una caída de la intensidad de emisiones, pero más modesta”.
Al respecto, el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, conversó con editores de Economía de medios de prensa de la región –entre ellos ABC–, en el marco de la presentación del RED 2024. “La pregunta de fondo es cómo nos imaginamos la transición energética en América Latina. Nos imaginamos justa, en el sentido de que reconozca la condición y los desequilibrios actuales de América Latina, en términos de desigualdad, pobreza, y yo agregaría de envejecimiento, para poder hacer esa transición”, afirmó.
Dijo que desde el organismo no ven la transición como un “salto al vacío, no puede ser una acción intempestiva ni abrupta”. Sino que tiene que ser un proceso y una evolución hacia un estadio donde siga creciendo la capacidad de la región de producir energías renovables no convencionales y traerlas a la producción de bienes y servicios y el consumo de hogares.
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¿Qué podría hacer Paraguay?
El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) propone cambios en la matriz energética de los países y ese es un camino en el que Paraguay se encuentra transitando (aunque muy lentamente). Si bien la matriz de la región es limpia, tenemos que mejorarla aún más y, en tal sentido, las alternativas de las energías eólica y solar pueden funcionar correctamente, considerando las características de nuestros países. No obstante, los desafíos en estas fuentes son la estabilidad para tener servicio todos los días.
Por el lado de la oferta de energía, se plantea la necesidad de ser más eficientes. Hoy se tienen pérdidas inherentes a la producción y distribución (en Paraguay, la ANDE registró en 2023 una pérdida de 21,38% más que en 2022, que se tradujo en el derroche de 6.303,18 GWh y, considerando la tarifa actual, significan US$ 59 millones que no ingresaron a la empresa).
En esta transición energética, si usáramos gas, lograríamos reducir en 7% las emisiones regionales, y eso es el 65% del acuerdo de París, según los datos difundidos. Paraguay no es productor de ese combustible, aunque siguen habiendo intenciones de su búsqueda en el Chaco. Sin embargo, en el Gobierno actual de Santiago Peña se ha hablado de la idea de contar con un gasoducto que pase por Argentina, Paraguay y Brasil.
La diversificación de fuentes de energía implica también la interconexión de distintas fuentes energéticas. Incluso se podría usar la energía fósil como respaldo de la alternativas.
En lo que respecta a la oportunidad de países latinoamericanos, este sector puede significar el salto al desarrollo si se ve la copa medio llena, resaltó Díaz-Granados. “Si pensamos que el futuro es tecnología, el futuro es artificial y vamos a tener grandes plataformas, grandes datacenters y grandes computadores. Recordemos que todo eso es energía. Si logramos continuar nuestra evolución hacia una región que tiene una matriz más limpia y el mundo requiere más productos, bienes y servicios, con menos emisiones, va a encontrar en América Latina respuestas. Obviamente eso es fácil decirlo, el trecho que hay que recorrer es largo y hay que hacerlo de la mano del sector privado”, señaló.
“Electrificar” las industrias, el transporte y los hogares
Por el lado de la demanda se resaltan tres sectores que se podrían “electrificar”: Las industrias, el transporte (de carga y de personas) y los hogares. Sobre las industrias, se invita a empezar la transición, al menos de aquellas cuyas naturalezas sí lo permitan, porque están las que no pueden hacerlo por su alto consumo, como lo son las cementeras o industrias de acero.
Sobre transporte, se recomienda la electrificacación tanto en el de carga pesada (cuando la escala lo permita), como el de personas. El factor más importante es promover uso de transporte público, ya que la “solución” de los autos eléctricos dista de ser una solución generalizada.
En cuanto al hogar, todavía hay una brecha, pese a que se ha avanzado en la electrificación en los últimos 20 años. Y en ese sentido, las energías alternativas pueden ser oportunidades en zonas sin cobertura. Como ya se dijo, la energía solar o eólica son algunas de ellas (combatibles con la potencialidad de Paraguay).
¿Y qué pasa con la inseguridad jurídica?
Se necesitan reformas regulatorias que permitan movilizar más capital privado hacia los países, mejores programas y proyectos para poder, en un tiempo razonable, aumentar la capacidad de generación de energía en la región. Pero, ¿qué pasa con países como Paraguay, con gran potencial de producción, pero alta inseguridad jurídica? ABC hizo esa pregunta al presidente ejecutivo del CAF, y este respondió que hay que mirar país por país, porque cada uno tiene una legislación distinta, “algunas más audaces o modernas que otras”.
“Diría que, en general, un sector como el eléctrico requiere de mucha inversión privada, no se puede hacer solamente con la estatal. Eso requiere contratos de largo plazo, políticas muy definidas para el sector. Es un sector altamente regulado. Las desregulación y una mala regulación no son buenas ideas. Lo importante es definir hacia dónde queremos ir, dependiendo de las potencialidades y características propias de cada país. Algunos irán más por hidro, otros eólica, uso de energías vía transmisión, otros quieren más transmisión que producción, depende mucho de la respuesta de cada subregión de América Latina”, añadió.
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Por otro lado, la transición energética justa con enfoque en desarrollo invita a la integración regional en temas energéticos (además de otros relacionados a demandas históricamente insatisfechas), eso es fundamental para lograr las metas. “La región tiene que resolver sus problemas con las fichas que tiene en la mano”, dijo el titular de CAF.
El RED explora otras de las acciones energéticas en pos de la transición, tanto desde el lado de la oferta de energía como de la demanda. También analiza acciones transversales, tales como las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono, la economía circular y los mercados e impuestos al carbono. Estos temas los publicaremos en las siguientes ediciones.