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La empresaria Andrea Lafarja Bittar, propietaria de la empresa AP SA, sabía que tenía que pagar US$ 1,5 millones a Petróleos Paraguayos (Petropar), si no cumplía con el contrato de provisión de gasoíl, pues fue el monto que comprometió en la garantía de mantenimiento de oferta, que presentó en formato de declaración jurada, para adjudicarse el fallido contrato por más de US$ 51 millones.
“El Paraguay no tiene ningún tipo de riesgo. Si no viene el producto, es más, yo tengo que pagarle al Paraguay una multa. Entonces, ¿cuál es el riesgo acá? no existe ningún riesgo”, enfatizó la corredora de rally en octubre del año pasado en entrevista con ABC Cardinal.
Sin embargo, tras la rescisión de su contrato, que se oficializó el 3 de noviembre del año pasado, la empresaria se desentendió de esta obligación, pues nunca pagó a la estatal el monto de la citada garantía.
Ante este incumplimiento, Petropar “demandó” a la empresa de Lafarja y el caso está desde diciembre del año pasado en el juzgado civil y comercial segundo turno, a cargo del juez Arnaldo Martínez Rozzano, quien ya el 13 de febrero último admitió la demanda, a través de una resolución, y ordenó la “agregación de los documentos” de la causa.
Sin embargo, hasta abril de este año Petropar no hacía nada para que avance el juicio ordinario, por lo que no había “impulso procesal”, según confirmaron desde el citado juzgado en ese momento. No se sabe si ahora la estatal ya hizo algo para que el caso avance.
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Titular de Petropar dice que dio “instrucciones”
El titular de Petropar, Eddie Jara, fue abordado en su momento sobre esta inacción para que la causa avance y señaló que dio instrucciones para que se hagan los trámites. Hasta ahora se desconocen las acciones que hicieron.
“Di instrucción al asesor jurídico, a la asesoría jurídica, que haga los trámites que correspondan y me confirmó que ya lo estaba haciendo. Nada más”, manifestó Jara cuando este diario le abordó sobre el tema en su momento.
Cuándo se le insistió qué trámites están realizando, ya que ni siquiera hicieron las gestiones para que el juzgado pueda notificar a la empresa demandada, Jara señaló: “En realidad, yo no tengo esa información como vos estás comentando. La notificación es del juzgado, así como nos notificó a nosotros tendría que notificar a ellos (AP SA), nosotros vamos a reforzar esa notificación a la demandada. Eso es lo que se tenía que haber hecho y entiendo que ya lo hizo el asesor jurídico”.
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Sobre las sospechas de que las altas autoridades del Gobierno estarían dando indicaciones para frenar y obstaculizar este proceso judicial, atendiendo a que la empresa del Estado ya había realizado varias maniobras que beneficiaron a la empresa de la corredora de rally, el presidente de Petropar replicó con énfasis: “No, para nada. Si hubiera intención (de frenar el proceso), no hubiésemos iniciado la demanda, sencillo”.
Según la resolución de Petropar del 3 noviembre del año pasado, la rescisión del contrato ocurrió porque la empresa no presentó la póliza de fiel cumplimiento del fallido contrato para la provisión de gasoíl, que era razón suficiente para reclamar la garantía de mantenimiento de oferta, según el pliego del llamado por vía de la excepción.
Además de eso, la resolución de Jara resaltó que la firma de la deportista tuvo que admitir mediante una nota que ofertó un precio que no pudo cumplir. En este sentido se destaca en el documento que, a través de la nota fechada el 18 de octubre del año pasado, la empresa de Lafarja comunicó a la estatal, en un descargo, que no iba a poder cumplir con el citado contrato por motivo de “fuerza mayor”.
La empresa de Lafarja tenía contratos con la Dinac por montos ínfimos, sea para la provisión de alfombras, decoración o reparación de acondicionadores de aire. El patrimonio de AP SA era de solo US$ 915.021, aún así Petropar le adjudicó la compra de diésel por más de US$ 51,5 millones, que finalmente fracasó.