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En la apertura de la conferencia de prensa, el presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, mencionó que desde el 2019 hasta la fecha realizaron, en forma conjunta con la Fiscalía -y la Policía- 67 intervenciones para evitar que continuase la sustracción de energía, principalmente de instalaciones de la “criptominería irregular”.
Detalló Sosa que en los dos últimos ejercicios, 2023 y 2024, la estatal cerró graves hemorragias en 23 casos y que “solo este año”, en los cinco primeros meses del ejercicio, mediante esas intervenciones, a las que calificó como “de gran magnitud” desactivaron otras 20 conexiones ilegales.
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Con la intención de graficar su información, el Ing. Sosa recurrió a la siguiente comparación: la carga desconectada, en promedio, es el doble que la demanda de la ciudad de Pilar o el 30% de la potencia nominal de la central hidroeléctrica Acaray. Detalló que la capital del departamento del Ñeembucú utiliza una potencia de 30 MW (1 MW = 1000 KW) y que la central nacional del río Acaray cuenta con una potencia instalada de 220 MW.
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La estatal perdió G. 13.000 millones por mes este año
¿Cuánto le cuesta a la ANDE y por ende a sus usuarios 60 MW, el doble de la potencia de la urbe pilarense o casi un tercio de la capacidad de Acaray?, es la siguiente pregunta en cualquier esquema informativo.
En el curso del presente año, G. 13.000 millones por mes, destacó el presidente de la empresa eléctrica estatal, o sea G. 65.000 millones solo en cinco meses del 2024.
Cuánto perdió la ANDE, por ejemplo, en la última década o en los últimos treinta años, o en toda su existencia solo se sabrá cuando las autoridades de turno decidan investigar las luces y, principalmente, las sombras de la empresa eléctrica del Estado paraguayo. Un dato que hace muchos años ronda las redacciones destaca que la estatal solo factura alrededor del 70% de toda la energía que trae de Itaipú, Yacyretá y Acaray. Que la tasa de pérdida de energía eléctrica de la estatal aún ronda el 30%, según informes oficiales.
El robo, acentuado por las “fábricas” de criptoactivos, desde su irrupción en el escenario nacional, es reciente, luego, para que el diagnóstico del mal esté completo y confiable, deben añadirse la ineficiencia, el desinterés y la deshonestidad de sus administradores de turno.
Penas de hasta diez años de cárcel para los ladrones
El asesor jurídico de la ANDE, el Abog. Nelson Medina, quien también estuvo en la conferencia de presa, endilgaba la sustracción de energía eléctrica a la benevolencia del Código Penal vigente con los ladrones de energía eléctrica.
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En ese sentido, añadía que el Poder Ejecutivo entendió esa necesidad y que el 17 de este mes envió al Legislativo un proyecto de ley en el que solicita “inclusive con tratamiento de urgencia” el endurecimiento de las penas a los ladrones de energía.
Si el Legislativo aprueba del proyecto, los ladrones de energía en baja tensión sufrirán cinco años de prisión, en tanto que a los que lo hagan en en niveles superiores, tendrán penas de hasta 10 años de cárcel, más la multa correspondiente.
La intervención, “en flagrancia”, del martes 28 de este mes en el barrio San Blas de Saltos del Guairá, fue “la más grande de toda la historia de nuestras intervenciones”, dijo el Ing. Sosa en la conferencia de prensa ayer.
En el allanamiento comprobaron la utilización de 2.738 equipos procesadores en la producción de criptoactivos, informó el gerente comercial de la estatal, Ing. Hugo Rolón, quien también destacó la eficiencia de la nueva estrategia de la ANDE en la batalla contra criptomineras ilegales.