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Debido a la falta de recursos económicos para garantizar nuevos subsidios, el MDS comunicó que no realizará más nuevos censos hasta poder garantizar las pensiones alimentarias para adultos mayores que ingresen a partir de la fecha.
“El mecanismo vigente para que más beneficiarios se sumen al Programa es la realización de censos, pero en forma seria, respetando las condiciones de vida, las necesidades, anhelos y expectativas de los interesados. Ese trabajo se realizará una vez que se tengan asegurados los recursos necesarios para incluir a más participantes, ya sea mediante un ajuste de los recursos que dispone el MDS, o bien, se apruebe una ampliación presupuestaria”, indican en el documento.
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Indican que consideran que hacer censos, sin tener los recursos asegurados, es generar falsas expectativas y faltarle el respeto a una población que merece una especial consideración por parte los organismos del Gobierno del Paraguay.
Aproximadamente 311.000 personas reciben pensión alimentaria
El MDS explica que se detectó y convocó a 1.206 personas que ya tenían aprobación para empezar a cobrar, pero estaban pendientes de presentar los últimos documentos, de las cuales 500 personas ya empezaron a percibir el monto correspondiente.
“Mediante un cruce de datos, gradualmente se irán incorporando al Programa unos 2.300 adultos mayores que son participantes de Tekoporã Mbarete y que se encuentran en la extrema pobreza”, agregan.
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Precisan que de acuerdo al Presupuesto General de la Nación 2024 aprobado por el Congreso Nacional, se puede otorgar el pago a 310.000 participantes por mes, y que al realizar a algunos ajustes, incluso se llegó a pagar a más de 311.000 personas en el mes de abril.
Recordaron que el MDS asumió la tarea de mejorar la atención a los interesados, disponiendo facilidades para la inscripción al programa, tanto vía internet, como en forma presencial. Del mismo modo, en un trabajo coordinado con las Juntas Municipales, dicho trámite se puede realizar en los municipios.
Nepobabies acaparan presupuesto
Durante el Gobierno de Santiago Peña y el periodo legislativo vigente, se conocieron varios casos de “nepobabys”; es decir, de hijos, familiares, y allegados de los políticos de turno que ocupan sin concurso ni mérito varios cargos en diferentes instituciones con jugosos salarios, siendo el Congreso Nacional el principal.
Por ejemplo, Montserrat Alliana Encina (25): hija del vicepresidente de la República, Pedro Alliana. La joven fue trasladada del Ministerio de Justicia, donde percibía G. 6 millones, a la Cámara de Diputados, donde su sueldo trepó a G. 18 millones. Montserrat se niega a renunciar y su legajo registra 19 ausencias tras haber sido nombrada como “asesora”.
Ronald Solinger Gamarra (33): hijo del diputado Germán Solinger (ANR-Bancada independiente). Según consta en la nómina de la EBY actualizada hasta el mes pasado, Ronald Solinger percibe más de G. 35 millones, entre salario y bonificación.
Elías Martín Godoy Torres: hijo de Roya Torres. Desde que saltó su nombramiento, solo lo vieron trabajar en tres ocasiones puntuales y todas las veces en diferentes oficinas del Gobierno. Actualmente, se atrinchera en la Municipalidad de Presidente Franco, donde su padre es intendente. Su madre anunció su renuncia, pero él se niega a dejar el cargo de “asesor”, con un salario de G. 9.500.000.
Silvana Jazmín Busto Adorno (23): hija del diputado José “Mino” Adorno y aparece como “encargada de despacho” de su propio padre. No tiene título universitario y se encuentra en carácter de contratada como “asesora”, con un sueldo de G. 4.250.000.
Liliana Raquel Busto Fretes: hijastra de “Mino” Adorno y ahora aparece como “asesora de gabinete” en la Cámara de Diputados. Su salario es de más de G. 10 millones.
Camila Figueredo Díaz: hija del diputado Héctor “Bocha” Figueredo (ANR-HC). Hasta junio pasado tenía un sueldo de G. 3.500.000 en la Secretaría de la Función Pública (SFP) y ahora figura como coordinadora de Asistencia y Control de Seguro Médico, ganando más de G. 15.000.000.
Élida Ríos Núñez: hija del diputado liberocartista por el departamento de Caaguazú Alejo Ríos. Amparándose en el “cargo de confianza”, fue nombrada como asesora de su padre en setiembre, con un salario de G. 8.300.000, más bonificación de G. 1.800.000. Solo asiste los días en que hay sesión y admitió que entró sin concurso, asegurando que todos ingresan así.
Giovanni Paolo Divitto Aquino: hijo de la senadora ex Cruzada Nacional Norma “Yami Nal” Aquino, quien ahora vota por el cartismo o le da quorum. Fue recientemente incorporado en el Instituto Nacional de Estadística (INE), con un salario de G. 4.550.000.
Pedro Javier Ortiz Mancuello: hijo del diputado por Central Pedro Ortiz Torres (ANR-HC). Figura como asistente en la Cámara Baja desde agosto, apenas asumió su padre. De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, percibe una remuneración mensual de G. 3.300.000.
Yanina Montserrath Maidana Figueredo: hija del senador cartista Derlis Maidana. El presidente del Congreso firmó su nombramiento en octubre del año pasado. Figura con un salario inicial de G. 5.674.205, según la nómina de funcionarios del Ministerio de Economía, y está asignada al despacho de su padre.
Cindy Maccarena Maidana Figueredo: es la hija mayor de Derlis Maidana. Cindy figura como nombrada como secretaria fiscal en el Ministerio Público, con un salario de G. 5 millones.
Derlis Hernán Maidana: es otro de los hijos de Derlis Maidana y un activo operador del cartismo. Es actual vicepresidente 1º de la seccional Nº 233 hasta el 2028. Luego de pasar por varias instituciones, actualmente se encuentra como relator contratado del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Danna Maricela Giménez Rotela: es hija del diputado Cleto Marcelino Giménez. Con solo 19 años, fue nombrada como funcionaria de Diputados, con un salario de G. 7.700.000. Johana Denisse Giménez Rotela: también es hija de Cleto Giménez. Percibe un salario de G. 3.300.000 e ingresó el 27 de julio del año pasado, poco menos de un mes después que su padre haya asumido la banca. Alejandro Dejesús Ovelar: conocido como “Tratito”, hijo del presidente del Congreso, Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC). El joven figuraba en la Cámara de Senadores, con un sueldo de G. 3.300.000, cargo al que renunció luego del escrache ciudadano. Según su planilla, marcó asistencia de jornada completa solo 23 de 178 días laborales.