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Inicialmente fue el diputado (ANR-HC) Alejandro Aguilera quien, en la segunda quincena de abril, presentó un proyecto de ley “Que modifica parcialmente el artículo 173 de la Ley N° 1160/97, Código Penal” para aumentar la pena privativa de libertad por sustracción ilegal de energía eléctrica de la ANDE para destinarla a la criptominería.
El proyecto establece que la pena por sustracción ilegal de energía eléctrica que tenga relación con la criptominería sea de seis años, y en los casos especialmente graves se extienda hasta 10 años.
También estipula el comiso de los bienes que forman parte de las instalaciones de las “granjas”, como máquinas de criptomonedas, equipos eléctricos, transformadores y otros tecnológicos, así como los inmuebles en los que operan y los objetos y/o bienes que fueron adquiridos por las ganancias producidas ilegalmente.
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“Los bienes incautados objeto de comiso serán administrados por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO). La propiedad de la cosa decomisada pasara al Estado en el momento en que la Sentencia quede firme”, explicó el parlamentario.
Por su parte, el Poder Ejecutivo también presentó el viernes 17 de este mes otro proyecto, en carácter de urgencia, para modificar el Art. 173 del Código Penal y disponer la incautación y comiso de los bienes asociados al hecho punible.
Aumentos de la pena por robo de energía para criptominerías
Entre los aspectos más resaltantes de la modificación de este artículo se destacan el aumento de la pena privativa de libertad con hasta cinco años de prisión o multa en los casos de sustracción en Baja Tensión. Piden que también se castigue la tentativa.
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En los casos de sustracción en Media Tensión y niveles superiores, la pena será de hasta 10 años de prisión para sustracción de energía en líneas de más de 1.000 voltios, así también se contemplan sanciones más severas para actividades relacionadas con criptominería ilegal, la cual pasa a ser tipificada como un crimen.
A su turno, el senador Ever Villalba (PLRA), presentó ayer un tercer proyecto de modificación del artículo 173 del Código Penal, para elevar la pena por sustracción de energía eléctrica con fines comerciales, industriales o lucrativos, y establece el comiso de los equipos utilizados, entregándolos en propiedad a la ANDE.
“Esta iniciativa responde a las realidades actuales que no existían en el momento de la aprobación del código penal, asegurando que nuestra legislación se mantenga vigente y efectiva frente a nuevas formas de delito”, publicó el legislador en su cuenta de la red social X.
Por su parte, el titular de la ANDE, Ing. Félix Sosa, dijo que las “granjas” de criptomoneda que hurtan energía eléctrica son un problema que perjudican bastante a la ANDE y a sus clientes, porque, debido al alto nivel de consumo de electricidad, causan que las líneas de distribución se sobrecarguen, hecho que resulta en cortes del suministro y fluctuaciones en la tensión.