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El material, al que pudimos acceder en los espacios digitales de los medios vecino país, concluye los siguientes puntos sobre Itaipú, luego de que se conociera el contenido del nuevo “acuerdo” binacional en abril último, pero que no divulgaron antes de la segunda semana de este mes.
“El plazo para renegociar el Anexo C ya venció”, se lee en el primer punto de la conclusión de la Federación de Industrias de Sao Paulo (Fiesp).
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En un segundo item añade que “la energía de Itaipú es actualmente una de las más caras de la cartera de las distribuidoras, tanto por el riesgo cambiario, como por las distorsiones del propio mercado brasileño”. Agrega, sin mayores detalles, que “la prisa está del lado de los que pagan el precio, no de los que lo reciben”.
En una siguiente observación, apunta que “los costos de Operación y Mantenmiento de la planta “son ineficientes”, con una plantilla de personal casi 10 veces superior a las otras brasileñas, suponemos que se referían al personal de otras usinas del Brasil.
Beneficios para los “consumidores brasileños”
“En los tres escenarios evaluados por la Fiesp -tarifa al costo, precios de mercado y no compra de excedentes- hay beneficios para los consumidores”, descubre también.
Añade la federación de industriales de Sao Paulo que, el escenario 2 es superior - suponemos que alude al precio de mercado - “ya que podría impulsar el proyecto de modernización del sector eléctrico brasileño y obligará a la central a competir por el mercado, viéndose obligada a ganar en eficiencia, gestionar su riesgo hidrológico y ser más transparente en el gasto.
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El siguiente punto de las conclusiones de la Federación señala que, al no obligarse a las distribuidoras a comprar energía, se reducirá la cantidad de la contratada y que eso. “representará un doble beneficios para los consumidores, ya que reduce el exceso de energía contratada (menor costo) y contribuye a la apertura del mercado energético (mercado libre).
Finalmente, apunta la Fiesp que el direccionamiento de la renta hidráulica hacía la disminución de las políticas públicas reducirá, de forma isonómica, el precio final para los consumidores libres y cautivos.