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Luego de los cuestionamientos a las “desarrolladoras inmobiliarias” y “fiscalizadoras” con negro historial en contratos con el Estado, críticas en obras de viviendas sociales o vínculos políticos, como es el caso de Carlos Muñoz, pareja de la vocera del gobierno, Paula Carro, ministra integrante del gabinete del presidente Santiago Peña, el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH) abrió nuevamente convocatoria para interesados en participar de este programa emblema del Gobierno.
El titular del MUVH, Juan Carlos Baruja, hace un llamado a los arquitectos e ingenieros civiles y a todos aquellos profesionales con experiencia en construcción de viviendas (horizontal y edificios). De esta manera, aquellos que cumplan con los requisitos podrán ser aprobados para presentar propuestas de soluciones habitacionales, dirigidas a la clase media.
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Así lo decidió vía Resolución N° 718 del 7 de mayo último, dado a conocer ayer por el viceministro de Vivienda, Víctor Villasboa. Se espera que el documento se publique en el portal cherogapora.gov.py, al igual que toda la información de interés vinculada al programa.
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Los cuestionamientos al plan surgieron cuando Baruja anunció el inicio de la segunda etapa del plan, que consiste en la recepción de proyectos de construcción; la primera fue la habilitación de empresas y sólo este grupo admitido podía presentar sus propuestas. ABC revisó las firmas habilitadas y detectó que varias de ellas registran negro historial, algunas inclusive salpicadas en causas abiertas en el Ministerio Público.
Sobre el punto, Baruja respondió a ABC que “la gente tiene derecho al trabajo” y en cuanto a la mala reputación de varios nombres que aparecen entre los habilitados, se limitó a alegar que serán las entidades bancarias las que decidan aliarse o no con los desarrolladores.
¿Cómo funciona el programa Che Róga Porã?
Che Róga Porã funciona como una alianza público privada. El proceso consiste en que el MUVH recibirá los proyectos, evaluará y si cumplen con los criterios técnicos y urbanísticos, los aprobará y publicará en un portal, donde la gente interesada podrá elegir su futura casa. Luego, esta se postula para obtener un crédito de las entidades financieras dispuestas a ser parte del programa, financiado por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).
Las entidades pueden ser bancos, financieras y cooperativas, con las que los interesados firmarán un crédito de hasta G. 400 millones, al 6,5 % de interés anual y hasta un plazo de 30 años. Ese documento será el respaldo para que la AFD desembolse los recursos para la construcción. Los beneficiarios empezarán a pagar sus cuotas del préstamo recien al mudarse a la nueva casa (9 meses después de la firma, supuestamente).
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El MUVH y AFD coinciden en que el mayor riesgo asumirá el sector privado, es decir las entidades financieras y fiduciarias, que decidirán si apoyan o no las propuestas de las “desarrolladoras inmobiliarias” elegidas por los postulantes.
El viceministro Villasboa recalcó que el plan se rejirá bajo las reglas del mercado. Es decir, cada desarrolladora “se juega” con su propia reputación para lograr convencer a la gente compradora para que ésta elija su proyecto y, sobre todo, a las entidades financieras, para que quieran financiar.
Sin embargo, todavía no se implementa un sistema que transparente el proceso de aprobación o rechazo de los proyectos. Se desconoce quiénes son los funcionarios que están haciendo este trabajo y sus perfiles.
Sin corrección del Fonavis
El Ministerio de Urbanismo implementa el programa “Che Róga Porã” con aspectos muy parecidos al funcionamiento del Fondo Nacional de Viviendas Sociales (Fonavis), Ley N° 3637.
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En ambos casos, la cartera se dedica a habilitar empresas, recibir sus proyectos, evaluarlos y aprobarlos. Todo esto en procesos sin transparencia, muy distinto a los de Contrataciones Públicas, en los que se pueden ver criterios de evaluación, objeciones y responsables de las adjudicaciones.
