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El equipo técnico del FMI, dirigido por Mauricio Villafuerte, realizó reuniones con las autoridades del gobierno paraguayo, el sector privado, la sociedad civil entre el 29 de abril y el pasado miércoles 8 del presente mes.
La misión, contrariamente a la práctica que venía aplicando desde hace años, esta vez no presentó sus conclusiones a la prensa y la comunicación se limitó a un resumen, por lo que los periodistas no tuvieron oportunidad de consultar sobre los puntos observados.
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Los técnicos visitaron el país en el marco de la consulta del Artículo IV de 2024, convenio constitutivo que permite realizar una evaluación anual de la economía; también para llevar a cabo la tercera revisión del Instrumento de Coordinación de Políticas (ICP); y la primera revisión del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS).
Los acuerdos firmados
El ICP fue firmado por el gobierno de Mario Abdo Benítez en noviembre de 2022 para apuntalar la implementación de reformas estructurales, entre ellas un proyecto de ley para iniciar el proceso de reforma de la Caja Fiscal, y culmina en noviembre del presente ejercicio 2024.
Peña, por su parte, tras asumir el cargo solicitó en octubre de 2023 acceder a un préstamo de US$ 400 millones bajo el SRS, con el compromiso de movilizar recursos financieros para apoyar esfuerzos de adaptación y mitigación, la contención de los riesgos climáticos para el sector financiero, la preservación y expansión de la matriz de electricidad limpia del país y la conservación de sus bosques.
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Con respecto a estos fondos, el FMI aprobó en diciembre del año pasado aprobó la solicitud y el desembolso dependerá de los resultados de esta primera evaluación realizada, cuya conclusión será elevada al directorio del organismo que en junio se reunirá para analizar y decidir.
Conclusiones de la misión
En el resumen de las conclusiones del FMI, se menciona que hay margen para mejorar la eficiencia del gasto público, incluyendo mediante el fortalecimiento de la efectividad de las estructuras institucionales.
Al respecto, destaca que “la implementación de las nuevas regulaciones en materia de compras públicas, la puesta en marcha del nuevo Sistema de Administración de Recursos del Estado (SIARE) y el diseño de reformas paramétricas al sistema de fondos de pensiones públicas (Caja Fiscal) son esfuerzos específicos que están siendo impulsados activamente por la actual administración en este respecto”.
El resumen de la misión técnica del FMI no da mayores detalles respecto al diseño de reformas paramétricas de la Caja Fiscal (edad, aporte y otros requisitos para la jubilación), pero de acuerdo con los antecedentes sobre este tema en el año 2022 el entonces Ministerio de Hacienda elevó a consideración de la Cámara de Senadores unas medidas de contingencia.
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A modo de ejemplo, las referidas medidas incluían un nuevo mecanismo de actualización de haberes, aumentar para los sectores deficitarios la tasa de aporte al 20% (que actualmente es del 16%), establecer 55 años de edad y 25 años de aporte para la jubilación ordinaria de los docentes, lo que nunca fue tratado en el Parlamento atendiendo el rechazo de los sectores afectados.
La cartera señaló al Senado la necesidad urgente de realizar ajustes a los parámetros actuales de la Caja Fiscal, sobre todo en aquellos sectores que se desprendieron de manera grave de la estabilidad financiera, arrastrando a los demás sectores.
Déficit al primer trimestre
La Caja de Jubilaciones, administrada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al cierre del primer trimestre registra un déficit de G. 529.290 millones (US$ 72,2 millones), lo que equivale a 41% de diferencia negativa entre lo recaudado en aportes y lo pagado en concepto de jubilaciones y pensiones.
La mayor parte de este saldo rojo se financia con los recursos recaudados de los impuestos que paga la ciudadanía, como por ejemplo IVA, selectivo al consumo, renta personal, renta empresarial y otros.
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En los últimos ocho años, según los datos del MEF, el Tesoro destinó de los impuestos más de US$ 900 millones para financiar el pago de jubilaciones y pensiones del sector público.
La entidad cada año requiere de un mayor subsidio del Estado para seguir pagando los haberes a los más de 75.053 beneficiarios, entre jubilados y pensionados.
La Caja Fiscal está conformada por seis sectores: empleados públicos, el único que actualmente registra superávit del 17% al cierre del mes de marzo; en tanto magistrados judiciales, docentes universitarios, militares, policías y maestros, acumulan déficit del 30%, 20%, 74%, 63% y 48%, respectivamente.