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A pesar de que salieron a la luz las críticas al “prontuario” de empresas habilitadas como “desarrolladoras inmobiliarias” y fiscalizadoras del programa “Che Róga Pora”, dirigido a la clase media, las autoridades de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) creen que el programa tendrá éxito.
El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) autorizó que en el listado de empresas elegibles para los postulantes a créditos blandos de vivienda haya nombres con antecedentes de incumplimientos con el Estado y hasta salpicados en procesos fiscales.
Gerardo Ruiz Díaz, miembro del Directorio; Juan García, encargado interino del Relaciones Comerciales, y Fernando Lugo, gerente general de la AFD, coincidieron en destacar su confianza en el plan emblema del Gobierno de Santiago Peña, que apunta a disminuir el déficit habitacional. Las declaraciones las brindaron ayer a ABC, en una entrevista desarrollada en la oficina del organismo.
Ruiz Díaz describió el proceso ideado para la postulación de los interesados, el rol del MUVH y la intervención del sector privado en este programa.
Primero, las desarrolladoras que fueron previamente evaluadas y habilitadas por el MUVH (que ya se encuentran en www.cherogapora.gov.py) presentarán sus proyectos, los cuales serán verificados por dicha cartera para asegurarse de que cumplan criterios técnicos y sobre todo, que las obras se encuentren ubicadas en sitios que garanticen a sus futuros residentes el acceso a servicios básicos: salud, educación, transporte público, agua y electricidad.
“Las propuestas que cumplen los criterios serán difundidas en el portal institucional. Allí, la gente podrá ver las opciones y sólo con cliks podrá elegir su futura casa y la entidad financiera de su preferencia, que tendrá 72 horas aprobar o no el crédito”, dijo. En caso de rechazo, el interesado podrá solicitar un préstamo a otro organismo, agregó.
Una vez que el expediente ingrese al sistema, se realizará el cruce de información con una serie de base de datos financieros, tales como seguro social, pago de impuestos y otros, que en su conjunto permiten visibilizar el perfil del interesado. La entidad, que puede ser financiera, bancaria o cooperativa, es la que tendrá la decisión de dar o no el crédito para la adquisición de la primera vivienda.
“Si en esa etapa se le aprueba, implica una precalificación. Una vez que el 80% de las viviendas de esa unidad habitacional se encuentra comprometido, el proyecto tiene luz verde para formalizar su construcción”, explicó.
Mencionó que las entidades que pre-aprobaron el crédito contactarán nuevamente a los interesados para ratificar su postulación. Si es así, dichos postulantes firmarán para formalizar el crédito un documento que será el compromiso para la adquisición de la vivienda de hasta G. 400 millones, con 6,5% de tasa de interés anual y hasta a 30 años de plazo.
Con ese documento, las entidades recurrirán a la AFD para que se desembolse los recursos equivalentes al valor total de todas las unidades habitacionales de ese proyecto. El dinero se coloca en una fiducia (administrador de recursos), la cual realizará las transferencias a los desarrolladores en cinco etapas, a medida que avanzan las obras.
En esa mencionada etapa, en paralelo, la desarrolladora inmobiliaria plasmará su compromiso con una aseguradora y la fiducia. Esta última realiza los pagos según los informes de los fiscalizadores, cuyos reportes también serán inspeccionados por el MUVH.
“Hay una doble verificación antes de cada desembolso, y en promedio, para la obra se estima una construcción de 9 meses”, observó.
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La desarrolladora tendrá la obligación de entregar en ese plazo, pues al término de los 9 meses, en promedio, empieza la obligación de pago de los beneficiarios al banco. En caso de que la obra no se concluya en plazo, los desarrolladores serán responsables de abonar la cuota del préstamo.
En caso de otros incumplimientos de la desarrolladora, la fiducia deberá ejecutar las pólizas de seguro. “Se pensaron en todos los detalles a fin de blindar lo mayor posible el proyecto y que las viviendas sean de calidad”, puntualizó.
Negro historial y vínculos políticos
ABC constató que el gobierno del presidente Santiago Peña habilitó como “desarrolladoras inmobiliarias” del programa Che Róga Porã a empresas cuyas gestiones fueron criticadas en la construcción de viviendas sociales del Fonavis, con sanciones por incumplimientos en contratos con el Estado y salpicados en procesos fiscales. Hasta entre los fiscalizadores habilitados hay nombres con oscuros antecedentes.
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Ante esta realidad, las autoridades de la AFD dijeron a ABC que las entidades financieras y aseguradoras asumirán el mayor riesgo y que, por lo tanto, no querrán trabajar con firmas con mala reputación. Con esto, la institución considera que será suficiente para que programa tenga éxito.
